La negación de servicios asistenciales a los afiliados de una de las Administradoras de Riesgos de Salud que protagonizan médicos y que podría extenderse a los asegurados de otras entidades similares (quizá a todos) alcanzaría como protesta laboral y empresarial a la vez dimensiones calamitosas para la sociedad si se extiende, como se pronostica, hacia una paralización de las clínicas privadas del sistema a nivel nacional.

Aunque el boicot no sobrepasase su alcance actual y las demandas parecieran atendibles, el blanco más directo de la desmovilización vienen a ser los asalariados asegurados y sus familias y de ser llevada a su mayor grado, esta lucha de efectos negativos para la salud colectiva comprendería prácticamente a casi toda la población económicamente activa del país.

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Despojar de consultas y hospitalizaciones a tantos miles de cotizantes y sus dependientes, aun fuese por corto tiempo, equivaldría en función del alcance casi universal de la cobertura establecida, a negar masivamente el derecho constitucional a la salud, un precio que no debe hacerse pagar por notables riesgos para el bienestar y la vida.

Las demandas de los médicos y propietarios de clínicas, que en su búsqueda de reivindicaciones incluyen conquistas para los propios afiliados, deben ser puestas sobre la mesa en una ronda de negociaciones con las contrapartes públicas y privadas, proceso que definitivamente debe abrir paso a reformas que también son reclamadas por los asegurados.