La República Dominicana y Haití han tenido como característica sobresaliente de su sentimiento nacional un ánimo conflictivo y el recelo en sus relaciones, lo cual viene desde los primeros tiempos antes de sus orígenes como estados nacionales, lo cual es bien sabido tal por la historia de ambos países.

A pesar de la convivencia territorial única e indivisible, estos Estados han vivido prácticamente de espaldas a esa realidad irrebatible, no han hecho esfuerzos sinceros y duraderos por armonizar y organizar sus relaciones de forma estable y conveniencia mutua, como en ocasiones expresaron algunas de nuestras más lúcidas inteligencias del pasado, quienes hasta llegaron a concebir la idea de una federación entre las dos naciones.

Parece que el recuerdo ominoso de aquel pasado dejó marcas profundas de resentimiento y negación entre sus gentes que le han impedido a sus gobernantes impulsar iniciativas claras, sinceras y duraderas para que puedan cuajar en unas relaciones fluidas y confiables de beneficios para el desarrollo de ambos pueblos.

Desde que hace justamente cincuenta años cuando, en un gesto de gran emocionalidad nuestro gobierno amenazó bombardear e invadir Haití, hasta estos últimos meses, estos dos países no habían enfrentado una situación que hubiere levantado tanto barullo. Hasta la retórica heroica y patriótica ha sido sacada del desván para ser exhibirla ardorosamente.

A partir de la negación de entrada a alimentos avícolas que decidieron las autoridades haitianas a la importación que se hacía desde nuestro país, las relaciones entre los dos países entraron en una de sus habituales etapas de enfriamiento con los consecuentes reproches.

En las últimas semanas, una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional dominicano, en búsqueda de regularizar la permanencia de extranjeros en el país, ha tenido gran resonancia porque, según quienes critican dicho dictamen jurídico, el fin de la medida es despojar de la nacionalidad dominicana a descendientes de haitianos que han nacido en el país.

La coincidencia de este veredicto y el reciente o por lo menos renovado interés del país por regularizar la entrada y permanencia de ciudadanos haitianos, así como determinadas interpretaciones jurídicas y constitucionales de parte del citado tribunal, es lo que ha llevado a una controversial y ampliamente criticada sentencia.

Más allá del espíritu de la sentencia, está la realidad de ambos pueblos, pobres e institucionalmente débiles, compartiendo una isla pequeña para una población común cada vez más en aumento. Pensemos cuánto seremos dentro de cincuenta años, que no es mucho tiempo en la vida de los pueblos). Más importante, nos parece, sería pensar si estamos en condiciones de crear instituciones fuertes y permanentes cumplidoras de sus responsabilidades nacionales, en cuanto a detener o controlar la migración haitiana.