CÉSAR PÉREZ
El recién finalizado Congreso sobre la ciudad de Santo Domingo, organizado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ADN, ha sido globalmente positivo. Reunió a más de mil personas que durante dos días pudieron a ver a unas autoridades municipales que finalmente tratan problemas claves de nuestra capital y escuchar excelentes ponencias que por su sólido contenido conceptual y de valiosas experiencias de gestión de ciudades, constituyeron una oportuna y contundente crítica a lo que podría llamarse política urbana del presente gobierno.

Enrique Peñalosa, ex alcalde exitoso de Bogotá y Alfonso Vegara, un prestigioso urbanista de dimensión internacional, expusieron sus respectivas experiencias y conceptualizaciones sobre gestión de ciudad; además de pertinentes recomendaciones, que obligan a una seria reflexión y revisión de sus prácticas a muchas autoridades municipales y nacionales allí reunidas. Igualmente, deberán ser de mucha utilidad, como punto de referencia, a muchos de los presentes con propuestas de intervención urbana.

Entre los aspectos esenciales de esas y otras ponencias de los invitados extranjeros, cabe destacar la reiteración de la idea de que las ciudades constituyen el principal activo para el desarrollo de un país y que estas sólo pueden jugar ese papel si son capaces de, además movilizar recursos materiales, movilizar personas, si están en grado de promover el contacto cara a cara, si tienen una infraestructura de servicios y equipamientos que permitan la creación de lugares de encuentro de aglomeraciones humanas para interactuar intercambiando opiniones, saberes, visiones y aspiraciones.

Ello supone hacer ciudad donde el actor principal sea el ser humano, el peatón, no el automóvil privado, que potencien el uso de un transporte público seguro sostenible económicamente y ambientalmente sustentable. Está demostrado que los centros comerciales más activos, los que generan mayor riqueza en la economía urbana, son aquellos que han logrado limitar el uso intensivo del automóvil privado, creando condiciones para el paseo a pie, apostando a un transporte colectivo eficiente y barato.

Significa esto, potenciar la ciudad compacta, con densidad manejable, no excluyente, cohesionada socialmente, acudiendo a las herramientas del plan y de un sistema de transporte público eficiente. Así impediríamos que Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata y otras ciudades sigan creciendo desmesuradamente, engullendo terrenos de vocación agrícola y que se recurra sistemáticamente a la solución individual del transporte, sobre todo el ruidoso y ruinoso parque de motocicletas y motoconcho, con negativo impacto sobre la gestión de las mismas.

La inexistencia de una política de transporte claramente diseñada, como efecto perverso de la inexistencia de una política urbana de parte de los gobiernos centrales y municipales, constituye uno de los factores de crisis esenciales de nuestras ciudades, para las cuales se diseñan diversas e irracionales propuestas de intervención. Por ejemplo, las propuestas de soluciones a la movilidad urbana promovidas por el presente gobierno, mediante autopistas en las áreas centrales de ciudades y de los elevados, vendidos como expresiones de modernidad, hoy son objeto de demolición en ciudades como Boston, Los Angeles etc, por su carácter obsoleto.

La crítica a esa práctica, así como la propuesta de un metro para Santo Domingo, que desprecia soluciones exitosas, como el sistema transporte de Curitiba, basado en el uso masivo del autobús y su variante, el Transmilenio en Bogotá, que costó un 2.5% de lo que hubiese costado un metro, además de la advertencia sobre el impacto negativo que urbanística y económicamente tendría para esta ciudad la proyectada isla frente a nuestro inigualable malecón, constituyeron parte de las demoledoras críticas a las propuestas y prácticas urbanas del gobierno central.

Es algo insólito, pero explicable, que las autoridades de un ayuntamiento organicen un Congreso sobre su ciudad e inviten a ponentes extranjeros sobre la base de sus posibilidades de aporte a la de solución a los problemas de la ciudad en cuestión y que los mismos se disparen con acerbas críticas a la política del gobierno, con la cual en aspectos esenciales coinciden dichas autoridades. Ello es explicable, porque muchos de los funcionarios convocantes a ese Congreso tienen las mismas posiciones de los referidos ponentes sobre esos temas.

Esa circunstancia constituye una expresión de la asintonía que existe entre muchas de los funcionarios y las grandes líneas de política de su gobierno y de manera particular las de su Presidente. En algunas dependencias del estado existen funcionarios con serios deseos de cambios, de reformas y de saneamiento de la práctica política en el país, pero sus deseos no se corresponden con los proyectos y opciones del partido de gobierno.

Esto debe hacer reflexionar a muchos de esos funcionarios sobre lo dañino que resulta para el país su silencio ante algunas propuestas de su gobierno; como la del metro y la isla privada al frente del malecón, a sabiendas que estas son absurdas, ridículas y contrarias a una verdadera concepción moderna y democrática de ciudad. Ese silencio no es casual, se debe a que los gobiernos y en primer lugar su primer incumbente suelen ser refractarios a las opiniones contrarias a las suyas e intolerantes a las críticas.

Esa lección, además del significativo jalón que para la ciudad de Santo Domingo constituyeron esos dos días de reflexión y de propuestas de los participantes nacionales y extranjeros, validan altamente el Congreso de la Ciudad. Es la lección que deben extraer nuestras autoridades municipales y nacionales.