Eduardo Jorge Prats
Mal que bien, todas las instituciones del Estado han emprendido en los últimos 10 años importantes reformas estructurales. El caso paradigmático lo es el Poder Judicial: desde 1994 con la reforma constitucional que consagró un nuevo estatuto de la judicatura, desde 1996 con la inauguración del primer gobierno del Presidente Leonel Fernández que hizo suyo la iniciativa de la reforma judicial y desde 1997 con la juramentación de la nueva Suprema Corte de Justicia que encabeza este proceso de cambios al interior del Poder Judicial, el sistema judicial ha sido radicalmente transformado.

Proceso similar ha experimentado, aunque en menor grado, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Legislativo permanece ajeno a los cambios que se producen en las otras dos ramas del Estado.

Que el Congreso Nacional no haya sido reformado se debe en gran medida al desinterés de las élites dominicanas en ese poder que no está cumpliendo a cabalidad su rol fundamental en una democracia y en un Estado de Derecho como el que quiere y manda la Constitución. No es que los legisladores hayan sido pasivos en la aprobación de las leyes que requiere el país. No. Un simple repaso de los últimos diez años de actividad legislativa, nos revela que, en realidad, los dominicanos vivimos inmersos, en un frenesí legislativo, que trata de poner a tono el ordenamiento jurídico-social-económico con los cambios que se producen a nivel nacional e internacional.

Lo que ocurre en realidad no es que el Congreso no legisle sino que no cumple a cabalidad todas las funciones que se le tienen encomendadas en una democracia, en especial las relativas al control congresual del Poder Ejecutivo. Y allí donde no hay control perece la democracia, pues, como bien afirmaba Lord Acton, el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente.

Las causas de este estado pasan primordialmente por las distorsiones que presenta nuestro sistema político-electoral. La feudalización, debilitamiento y fragmentación de los partidos dificulta la toma de decisiones al interior de las cámaras legislativas. Un sistema electoral que imposibilita la representación no partidista impide el acceso a las cámaras legislativas de representantes populares no vinculados a los partidos. Y, por si esto fuera poco, el clientelismo político ha capturado gran parte de la representación legislativa.

Ante un panorama como éste hay que preguntarse, igual que Lenin, qué hacer. La respuesta instintiva de muchos es la de añorar los congresos gomígrafos a que nos acostumbraron Trujillo y Balaguer. Pero esta no es una solución democrática. De ahí que la única respuesta válida es la de ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones congresionales, transparentar el financiamiento y los intereses de los congresistas y fortalecer institucionalmente el Congreso para que éste pueda desempeñar a cabalidad tanto sus funciones contraloras como legislativas.

Tal agenda de cambios no puede emprenderse únicamente desde los partidos sino que implica una verdadera toma de conciencia de las élites y de la ciudadanía en general similar a la que originó, en gran medida, la transformación del Poder Judicial. El momento, por demás, es propicio para ello. Si no se combate radicalmente el clientelismo político y la oligarquización de la representación legislativa, el país no podrá insertarse en esquemas de comercio globalizado como los de un TLC que implica profundos cambios institucionales. Y lo que es peor: la permanencia del status quo, unida al descalabro de los partidos, abrirá la vía para soluciones autoritarias descartadas desde el ajusticiamiento de Trujillo, esta vez legitimadas por la vía electoral.

Es este contexto el que ha llevado a nuevas opciones partidarias como el Partido Revolucionario Social Demócrata a abrir sus puertas a candidatos congresionales salidos de las entrañas de la ciudadanía comprometida con los cambios y a delinear una plataforma legislativa tendente a consolidar una nueva conciencia nacional en el Congreso. Toca a la sociedad leer los signos de los tiempos y aupar el pluralismo político, la participación ciudadana y la transparencia congresional como los ejes de la otra reforma que falta y, sin la cual, ni se puede emprender y consolidar la reforma de la Administración Pública a la cual estamos internacionalmente comprometidos ni serán fructíferas las reformas económicas emprendidas.