POR GERMAN MARTE
Durante el período agosto-diciembre la mayoría de los proyectos sancionados por los congresistas fueron pensiones, resaltó ayer el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Asimismo destaca falta de iniciativas de parte del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, Al dar a conocer los resultados del primer informe de monitoreo de la actividad del Congreso que abarca los primeros 90 días de la segunda legislatura ordinaria del 2005, PC expresó su preocupación por «la gran cantidad» de proyectos de leyes de pensiones que están siendo conocidos y aprobados por las cámaras.

«En apenas 90 días el Senado conoció 246 proyectos de ese tipo, mientras la Cámara de diputados conoció 43», expresa el informe presentado por el coordinador de PC, Luís Scheker Ortiz, en rueda de prensa junto a Ana Teresa Pérez y Samir Isa, de la Comisión de Justicia del movimiento cívico.

La Cámara de Diputados conoció 65 proyectos de leyes generales, 53 proyectos de pensiones y 43 proyectos de leyes territoriales.

Muchas de las pensiones conocidas y aprobadas por los legisladores, de acuerdo con Scheker Ortiz,  no responden a un justo reconocimiento de ciudadanos que hayan prestado servicios eminentes al país y se encuentran en estado de necesidad, sino que se inscriben en las «prácticas clientelares que lamentablemente caracterizan al sistema político dominicano».

Añadió que tales pensiones implican cuantiosas erogaciones mensuales a cardo de los fondos públicos.

Asimismo, PC rechazó los continuos cambios territoriales que están siendo conocidos por el Congreso. Y en tal sentido, precisa, en el presente período la Cámara de Diputados conoció 43 proyectos de leyes de este tipo, mientras el Senado conoció 42.

Estos proyectos, señala PC, implican elevación de categorías  a parajes, secciones y municipios, así como creación de municipios y provincias. También, traspaso de territorios de una demarcación política a otra, y cambios de nombres.

«Entendemos que antes de continuar con el trámite de estos proyectos, es necesario que el Congreso se aboque a la discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica Municipal, en el cual se establecen las normativas y los requisitos para que un territorio pueda ser elevado de categoría», manifestó.

Sin embargo, Scheker Ortiz resaltó que durante el período analizado la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de fiscalización, entre ellas una que ordena la investigación de impuestos en una Secretaría de Estado y otra que ordena la comparecencia de varios secretarios de Estado; empero, observó que la labor fiscalizadora de los del Congreso continúa siendo marginal.

POCA INICIATIVA DEL EJECUTIVO

De acuerdo con el monitoreo realizado por PC, el Poder Ejecutivo ha tenido poca iniciativa durante el período analizado, ya que menos del 10% de los proyectos conocidos por la Cámara de Diputados y al alrededor del 20% de los conocidos por el Senado han sido sometidos por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con PC, esta realidad contrasta con otras épocas cuando la mayoría de los proyectos conocidos por los congresistas provenían del Poder Ejecutivo.

El pleno del Senado conoció un total de 840 iniciativas, de las cuales 42 son proyectos de leyes de carácter general, 245 proyectos de leyes de pensiones, diez tratados internacionales, seis contratos internacionales y 472 contratos de venta.

En cuanto a la organización del proceso, PC indica que mientras el Senado implementa la agenda legislativa priorizada, lo cual le permite ir avanzando en el conocimiento de los proyectos previamente definidos como estratégicos, la Cámara de Diputados no aplica este sistema, y en cambio utiliza en exceso  la declaratoria de leyes de urgencia y la convocatoria a sesiones extraordinarias, «utilizando estas sesiones para la aprobación de asuntos que no revisten en verdad un carácter excepcional, lo cual distorsiona profundamente el propósito para el cual está previsto».