Excepciones, para que siempre confirmen la regla, las hay siempre, pero la impresión ciudadana, hasta desmentido convincente, es que nuestro dúctil Congreso es un showroom de vilezas donde sus integrantes no responden a las instancias de quienes le endosaron sus curules, sino al inefable mandón de turno.

No de otra manera podría explicarse aceptable que los legisladores que rechazaron el proditorio intento de la reelección, ahora sin motivaciones convincentes y valederas, la apoyen.

Esa inconducta histórica censurable de nuestros legisladores de siempre era posible entenderla como una encrucijada mortal en el inicio de la República, cuando Siño Pedrito secuestró la Carta Magna original conduciendo a los legisladores a una aldea despoblada como era San Cristóbal, para imponer el artículo 210 que le facultaba poderes sumarios para liquidar a sus oponentes, como lo hizo.

También en las dictaduras de Los Seis Años del vende patria Buenaventura Báez Méndez, de los generales Ulises Heureaux y Rafael Leonidas Trujillo, y un poco menos de constreñimiento, en la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer.

El escenario actual es muy diferente a esas referencias lóbregas para la decencia política y su consubstancial disidencia y oxigenación libertaria, sustituida hoy por la ambición aurífera de entelequias exentas de valor moral, conforme es la percepción generalizada.

Con motivo del reciente Corpus Christi, el papa Francisco instó a la feligresía “protegerse del riesgo de la corrupción y no permitir que su dignidad se diluya para no envilecerse y ser mediocres, tibios e insípidos”.

El día nueve de este mes, el legislador Nelson Arroyo, vocero del PRM, soltó esta prenda que es posible, sin proponérselo, recoja la historia: “Yo le pregunto al pueblo dominicano y a los peledeístas que tienen un poco de decencia si la reforma (constitucional) fue gratuita”