Hoy 
RAFAEL TORIBIO
La propuesta principal del Informe del PNUD sobre el estado de la Democracia en América Latina es que su fortalecimiento y permanencia dependen de que el sujeto no siga siendo el elector sino el ciudadano, y de que su contenido sea la ciudadanía plena y no sólo la electoral. Es decir, que no se agote en la elección democrática de las autoridades, sino que se extienda a la garantía y realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, y a su pleno desarrollo humano. La democracia así concebida reivindica como necesaria la perspectiva participativa, característica esencial en sus orígenes, que fue sustituida en el tiempo por la representativa.
Entonces de lo que se trata ahora es que, sin dejar de ser representativa, la democracia sea más participativa y que en vez de excluyentes, sus dimensiones participativa y representativa sean complementarias, para que sea una democracia de mejor calidad.
Durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de la República con una mayoría abrumadora de votos, el entonces candidato por el Partido de la Liberación Dominicana ofertó al país la necesidad de la conformación de un gobierno de unidad nacional para poder enfrentar con éxito los graves problemas de la Nación. En el mismo inicio de su gestión reitera el compromiso de la campaña, y hace un llamado a las fuerzas políticas, sociales y económicas para que se integren en un gobierno de unidad nacional, pero esta vez no solo bajo la forma de que representantes de partidos políticos, aliados o adversos, se integren como funcionarios del gobierno.
Esta vez se entendía, tanto desde la Presidencia de la República como de algunos sectores de la sociedad civil, que en un verdadero gobierno de unidad nacional debía haber también la participación, de manera institucionalizada, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, por lo menos en los procesos de elaboración de decisiones importantes, tanto en el ámbito nacional como en el local.
La creación mediante el Decreto No.13-05 del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) representa, al mismo tiempo, el cumplimiento de una promesa electoral, el establecimiento de una instancia institucionalizada de participación y la manifestación de una voluntad política que significa una apertura hacia una democracia más participativa.
Según se establece en el Decreto que lo crea, la justificación del Consejo Económico, Social e Institucional es que «resulta imprescindible estimular los espacios operativos de concertación permanente, de amplia participación…» para lo cual «se requiere la integración de un organismo de consulta participativo, capaz de unir voluntades y aportar propuestas de solución al Poder Ejecutivo para enfrentar la problemática económica, social e institucional». Su naturaleza lo define como «un organismo consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social e institucional… integrado por representantes de la sociedad civil…»
A pesar de que el organismo es de reciente creación y que está aún en fase de consolidación para lograr un desempeño adecuado de sus responsabilidades, algunas cosas deben ya ser destacadas. La primera de ellas es su creación mediante un Decreto del Ejecutivo, que le da vigencia inmediata, pero con la decisión manifestada de que debe ser consagrado mediante una ley para asegurar su continuidad. Parece que esta es una opinión ampliamente compartida, por lo que se espera una acogida positiva en el Congreso de una iniciativa del Ejecutivo en ese sentido. Lo segundo a destacar es la institucionalizacion, por una decisión del Poder Ejecutivo, de la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de elaboración de decisiones sobre asuntos fundamentales para el desarrollo del país. Y lo tercero es que el CESI no viene a sustituir a ningún órgano o autoridad del Estado en sus atribuciones asignadas por la Constitución y las leyes. Simplemente hace conocer el parecer y el sentir de la sociedad civil a los responsables de tomar las decisiones, sobre temas que les sean sometidos por el Presidente de la República, o a iniciativa propia.
Conforme a sus atribuciones, el Consejo Económico, Social e Institucional acaba de hacer un informe al Presidente de la República sobre el problema del transporte urbano en la ciudad capital. «La justificación y la pertinencia del informe descansan en los términos del Decreto No. 13-05 que crea y establece la naturaleza del CESI, la polémica suscitada con el anuncio del inicio de la obra y la importancia que tiene la construcción de un metro para los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad capital, y para los ciudadanos y ciudadanas de todo el país». Después de escuchar a defensores de algunas de las alternativas de solución, y posteriormente realizar una profunda reflexión interna, el Consejo recomendó al Presidente de la República que «en estos momentos la construcción de un metro no es una solución oportuna y adecuada. Lo más oportuno y adecuado fuera que se escogiera una alternativa de solución mucho más integral, que abarcara lo técnico y lo institucional, partiera de las posibles opciones en la superficie y que no representara una carga excesiva a la economía nacional, ni en el presente ni en el futuro».
A pesar de que no estaba en la línea de las expectativas que se habían creado sobre la inmediata construcción del Metro, la recomendación fue aceptada por el Presidente.
Este primer informe del Consejo al Presidente de la República, que no avala la construcción de un Metro en estos momentos, pero que fue aceptado por el Presidente de la República, es un buen comienzo, y presagia un futuro promisorio para la democracia participativa: un organismo responsable y no necesariamente complaciente con las expectativas gubernamentales, lo que le confiere legitimidad, y un Presidente de la República respetuoso y confiado en el juego de la democracia.
