Soplan vientos de Consejo Nacional de la Magistratura.  Las voces mejor informadas indican que una de las medidas que tomará el Presidente cuando llegue del extranjero.  Este es un paso necesario para continuar con el proceso de implementación de la Constitución.  Pero también es un paso que debió darse hace mucho tiempo.  Ya hemos mencionado antes en este espacio el daño que esta tardanza le está causando a la legitimidad social de la Constitución.

La convocatoria del Consejo se producirá, casi un año y medio después de proclamada la Constitución y cinco meses después de que se cumpliera el plazo obligatorio para que este hubiera terminado su labor. La distinción es importante, porque el mandato constitucional era que el plazo era para que la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral estuvieran operando bajo el nuevo esquema constitucional al año de proclamarse la Constitución.  Es decir que el Consejo Nacional de la Magistratura debió empezar y terminar su labor antes del 26 de enero de este año.  Debido a lo anterior, el retraso real es mucho más que los cinco meses transcurridos desde el momento de la proclamación de la Constitución.

Sin embargo, a pesar de esta tardanza, la labor del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser abierta, transparente e inclusiva –en la medida en que lo permite la Constitución- de la ciudadanía. El tiempo apremia, pero es un principio elemental del Derecho y la justicia que nadie puede aprovecharse de su propia falta.  Por lo tanto, la violación del plazo constitucional no puede servir de argumento para que el proceso se lleve a cabo de manera atropellada o excluyendo a la ciudadanía.

La creación y renovación de los más altos tribunales de la República es un momento que sirve de prueba para la calidad democrática del sistema político dominicano.  Si se trata de una democracia formal en la que los ciudadanos sólo servimos para votar cada cuatro años, entonces el Consejo puede reunirse y tomar sus decisiones sin tomar en cuenta a la ciudadanía.  Ahora bien, si es cierto que este es un Estado Social y Democrático de Derecho, entonces el Consejo tendrá que reconocer el derecho de los ciudadanos a que su voz sea escuchada.  Sobre todo porque, como es el caso, estos tribunales estarán encargados de garantizar, directa e indirectamente, los derechos constitucionales de los ciudadanos dominicanos.

 La ciudadanía debe involucrarse, todos debemos preguntarnos a quiénes queremos como jueces y debemos manifestarlo.  Discutir las cualidades que queremos en estos magistrados, hacerlas públicas y reivindicarlas.  El Consejo, por su parte, está compuesto por funcionarios públicos responsables ante la ciudadanía y, por ello, está en la obligación de ser un canal de sus reclamos y reivindicaciones.  No puede manejarse bajo la lógica de la aritmética política pura y dura.  Su labor tiene que dar como resultado tribunales que respondan a los intereses y anhelos de la ciudadanía.