La interacción armoniosa de los componentes de una sociedad tiene que basarse en un conjunto de reglas que establecen, de principio, el alcance de las libertades y deberes, de los derechos y restricciones convenidos para los individuos y sus agrupamientos.

Y aunque es cierto que la mayoría de las normas de convivencia social son el resultado del consenso, es censurable cualquier forma de consenso cuyo propósito principal sea excluir a determinadas personas o grupos del cumplimiento o aplicación de las reglas de ordenamiento social o la modificación de esas reglas en provecho particular de personas o grupos.

Según el consenso que ha dado lugar a nestras normas de convivencia, todos los individuos o agrupamientos de individuos están asistidos de los mismos derechos, pero también son, por igual, susceptibles de sufrir los rigores estipulados en las pautas de coexistencia en el caso de haber faltado a las reglas.

Investigar la posibilidad de que en determinadas acciones individuales o de grupo se haya incurrido en crimen o delito en perjuicio de los intereses del conjunto social es una pauta de aplicación universal, no excluyente, en el ordenamiento de las sociedades. En los regímenes democráticos eso está convenido por consenso de todos los estratos de la sociedad y, por tanto, no son permisibles los arreglos entre grupos para interrumpir o anular el cumplimiento de las reglas en beneficio de unos y en perjuicio del interés general de todos.

-II-

Un reclamo que hace la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para llamar a evitar acuerdos de aposento que degeneren en impunidad para ciertos grupos, parece estar basado en los enunciados que hiciéramos anteriormente.

Frecuentemente, en nuestro país la gobernabilidad ha pendido más de las concesiones mutuas de grupos sociales que se han abocado a consensos que anulan, limitan, mediatizan, condicionan o distorsionan la aplicación de las reglas de cumplimiento general, en beneficio de causas que no son precisamente las del conjunto de la sociedad.

Lo que ha podido convenir al país en un momento determinado, lo que la razón y la sensatez han debido imponer, en oportunidades ha sido suplantado por un consenso entre partes que en términos de justicia han debido pagar alguna cuota de sacrificio.

Son estos consensos los que han propiciado el alto grado de impunidad que padecemos en estos tiempos y por los cuales se explica que de tanta gente que ha sido señalada como autora de actos de corrupción, ninguna haya sido condenada por esos actos.

Desde 1961, cuando empezamos a practicar la democracia representativa, hasta nuestros días, ninguna persona ha sido condenada por haber desfalcado el erario o las propiedades del Estado, a pesar de que, desde entonces, ha sido muy alto el número de inculpados.

Ocurre que el consenso ha producido impunidad de doble vía: por un lado, para beneficio de los corruptos reales, y por el otro, para quienes se toman la libertad de acusar falsamente, como medio de presión adversarios políticos. En ambos casos, el consenso de unos pocos ha dañado a la sociedad en general. Eso hay que acabarlo.