Durante la prolongación y las aspiraciones continuistas de Horacio Vásquez, los dominicanos vivieron momentos de desesperación y angustia, ante el manifiesto interés de los seguidores del caudillo, civiles y militares, de preservar el poder por la vía que fuere.

Es así como a principios de 1929, penúltimo año de ejercicio del gobernante, las autoridades empezaron acciones represivas contra  dirigentes y militantes del Partido Nacional, que se oponían a la prolongación del mandato, y más todavía a la reelección de Vásquez. Dos  figuras prominentes que objetaron las pretensiones del gobernante fueron   sus amigos y estrechos colaboradores, los jurisconsultos Leoncio Ramos y Leovigildo Cuello.

Mientras el ejército  registraba los vehículos en las salidas y entradas de las ciudades y  los empleados eran obligados a firmar comunicados a favor del Gobierno, los promotores de la reelección continuaban su campaña de exaltación de la figura del cacique político y líder militar para que continuara dirigiendo los destinos de la Nación.

Entre los auspiciadores del mantenimiento de Horacio estaba, nada más y nada menos, que Monseñor Adolfo A. Nouel, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, que en 1922 firmó el Tratado de Evacuación, que  proscribía la reelección presidencial.

El Partido Nacional, el de Horacio, agotó todos los medios posibles para dispensar viso legal a las pretensiones presidenciales, y en consonancia con esa actitud, el presidente del Senado, Lic. Gustavo A. Díaz, propuso, y se acogió, la formación de una Comisión Interparlamentaria que se encargara de hacer un “estudio cabal de la Constitución política del Estado, que recogiera las observaciones que sobre la Constitución puedan ofrecerles los magistrados del orden judicial y los juristas del país”.

Los comisionados tenían el compromiso  de presentar “un proyecto general de reformas, con las correspondientes exposiciones de motivos, para cuando haya oportunidad de recomendar su adopción”.

La comisión la integraron el propio Díaz, y los licenciados Ernesto Bonetti Burgos, Luís F. Mejía, Moisés García Mella, Sergio A. Bencosme, Abigail Montás y Rafael Brache. Ese mismo Lic. Díaz, presidente del Senado, fue el autor de la tesis de que Horacio, en 1924, fue electo Presidente al amparo de la Constitución de 1907.

Paralelamente con la formación de este grupo, que no tenía otro propósito que eliminar el artículo 44 que prohibía la reelección, senadores continuistas recorrieron diferentes puntos promoviendo documentos públicos sugiriendo a la Comisión Interparlamentaria “la conveniencia de que se elimine el estatuto antireeleccionista”.

El primer manifiesto   salió del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, donde se pide vehementemente la reelección del “Honorable Presidente de la República, el Gran Ciudadano General Horacio Vásquez, el hombre que, con la fortaleza de su diestra mano, ha sabido estrechar en un solo abrazo las almas de la familia dominicana, segando con el caudal de su noble voluntad el hondo foso de odios y  rencores que hasta entonces la separaba…”

El 14  marzo del mismo año 1929 la Comisión Interparlamentaria, a través del Lic. Díaz, sometió a las Cámaras un informe recomendado que se enmendaran 43 artículos de la Constitución, entre los cuales figuraba el número 44,  que elimina las restricciones a la reelección presidencial. También fueron modificados  el 52 y el 53,  para que se restablecieran al Vicepresidente de la República los derechos de sucesión que le habían sido eliminados por los constituyentes de 1927,  con el deliberado propósito de cerrar paso al licenciado Federico Velásquez, vicepresidente Constitucional de la República.

¡Cuántas coincidencias, ocho decenios después!