Los recientes acontecimientos políticos del país, tienen común denominador la voluntad cesárea del partido de gobierno de mantenerse en el poder indefinidamente a cualquier precio, lo que ha traído como consecuencia ineludible  grandes desequilibrios fiscales y el uso descarado del poder para inducir la división del Partido Revolucionario Dominicano, así como el control dictatorial de las instituciones  judiciales y electorales.

Basta una rápida revisión de nuestra historia republicana, para comprobar que los intentos de continuismo gubernamentales han traído ruina, tragedia y retrocesos políticos a la comunidad dominicana. 

Así, la dictadura de Ulises Heureaux de fines de siglo XIX terminó con el tiranicidio  en 1899 en las calles de Moca. Pocos años después, en 1911, el ejecutor de “Lilís”, Ramón Cáceres, un hombre honesto que cayó en el continuismo, murió a su vez  víctima de un atentado en Santo Domingo.  En 1930, Horacio Vásquez un presidente liberal, se dejó llevar por la fiebre continuista, por lo que toleró la corrupción, implementó una prórroga de poderes por dos años, a todas luces inconstitucional   y se preparaba para reelegirse, todo  lo que dio lugar a la  instauración de la tiranía trujillista, la cual terminó en 1961 en medio de un charco de sangre.

Luego de la Revolución de Abril, desde 1966 el régimen de los 12 Años de Balaguer se mantuvo gracias al respaldo norteamericano y a la represión que condujo a la muerte, la cárcel y el exilio a miles de dominicanos.  Cuando el gobierno de los 10 Años se intentó arrebatarle al Dr. Peña Gómez la presidencia del PRD, pero Balaguer lo pensó mejor y  se le dio ganancia de causa, sin duda para evitar que la furia del pueblo expusiera la gobernabilidad del país, y luego en 1994 el PRD frustró el intento de fraude de Balaguer para permanecer en el poder indefinidamente.  Tanto en 1978 como en 1996 el líder reformista aceptó abandonar el poder para no  ser expulsado violentamente.

En el siglo XXI, el intento de Hipólito Mejía de reelegirse  en el 2004, para lo cual usó su influencia y modificó la Constitución que lo prohibía, pero solo logró legitimar un segundo mandato consecutivo de Leonel Fernández a costa del erario nacional, en tanto que la elección de Danilo Medina, que se veía su continuación le costó a la nación más de RD$220 mil millones.

La pretensión del PLD de establecer una dictadura de partido, utilizando a las llamadas Altas Cortes y a la JCE, que han violado la Constitución, las leyes electorales y los estatutos partidarios para entregarle al PRD a un grupito sin calificación ni representatividad,  para que haga una “fiel oposición”, solo puede derivar en una crisis de gobernabilidad “a la primera de cambios”, que sería de imprevisibles consecuencias para el pueblo dominicano.

Se trata de violaciones enciclopédica  de las normas constitucionales, legales y estatutarias que no resisten el menor examen, y que exponen al país  al repudio generalizado dentro y en la comunidad internacional, que dará al traste con esa  nueva  intentona dictatorial, que no tendrá éxito, porque la realidad  actual del país y del continente americano  no lo permitirán.   Ojalá que esto sea sin derramamientos de sangre.  Veremos…