Sin fronteras seguras no hay pueblo seguro. Es la manera simple de decir que el Estado que no controla sus espacios no puede proteger su población. Es una afirmación que reitero constantemente, porque resume el planteamiento que hacemos sobre la necesidad urgente de adoptar un enfoque integral de seguridad.
Lamentablemente, el Gobierno sigue desenfocado, a duras penas flotando en una superficie procelosa, o simplemente, rehuyendo asumir el reto de la seguridad con todas sus consecuencias y en todas las dimensiones.
Recordemos que en esa asignatura el Gobierno «se quemó» en forma penosa en los pasados cuatro años, después de haber prometido «arrancarle el corazón y las entrañas al crimen».
La violencia y la inseguridad que afecta en forma desquiciante a millones de dominicanos tiene su origen profundo en la expansión y penetración del crimen organizado, con actividades que tienen carácter transnacional y transfronterizo.
A nadie debe sorprender que la fuerte concentración de drogas, armas, activos de fuente ilícita, mafias foráneas, patrones criminales importados, dentro de una cultura de lucro fácil y consumo lujoso, esté causando estragos y desesperando a la población. No es evidente, pero es muy real: existe una relación entre los jóvenes adictos y desarraigados, que asesinan a tiros a otros jóvenes para robarle sus celulares o prendas, agreden a sus padres durante episodios de abstinencia, o eliminan competidores en los puntos de distribución, y los aviones, lanchas y camiones que nos bombardean constantemente con su trasiego criminal, aprovechando las «ventajas competitivas» que tiene la República en el mapamundi mafioso.
Ante esa realidad, es iluso pretender que la primera línea de defensa esté en las calles, los campos o los tribunales, y no en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en puertos y aeropuertos, así como en lo que representa la inteligencia estratégica, financiera y migratoria.
El objetivo debe ser reducir lo más posible, con sentido disuasivo, el ingreso de los factores que más generan o facilitan criminalidad, al tiempo que se crean condiciones de mayor libertad y oportunidades reales para las mayorías.
La Constitución contempla en su artículo 258 la formación del Consejo de Defensa y Seguridad, con carácter consultivo. Nunca se ha constituido. En cambio, el presidente Medina acaba de conformar la Comisión Gubernamental para la Seguridad Interior. Aunque esta comisión con nombre rimbombante puede reportar algunos beneficios en términos de coordinación interinstitucional, sigue acusando una visión reduccionista, insuficiente, contraproducente.

¿Superará la prueba elemental, decisiva, impostergable, de controlar los espacios de las cárceles, para que dejen de ser calls centers de la criminalidad organizada y común?