EL coraje para actuar (1)

EL coraje para actuar (1)

POR JOSÉ LUIS DE RAMÓN
Me niego (por una temporada) a discutir los temas de coyuntura porque entiendo que hay que hacer conciencia sobre el momento histórico tan crucial que estamos viviendo: Más pronto que tarde vamos a tener un tratado de libre comercio con la economía más grande del planeta y en esto y sus temas conexos debemos concentrar los esfuerzos.

A partir del artículo de hace unos días, mucha gente me ha preguntado si estoy de acuerdo con el TLC. Mi respuesta es, radicalmente, que sí, como estoy de acuerdo en tener hijos: Es fundamental para la felicidad, te pueden traer sinsabores… aunque hay que tener claro que los hijos ni se crían ni se educan solos.

En mi libro «Volver a Crecer» elaboro extensamente la idea que una desventaja del TLC será que perderemos producción en algunos sectores y que una ventaja será «importar» institucionalidad. Hasta ahora, en las primeras experiencias, estamos importando productos diez a uno de Centroamérica, pero no nos hemos acercado a la «Suiza de América» en fortalecimiento de las instituciones ni a la transparencia de El Salvador. Mal negocio.

Tal y como pasa con la educación de los hijos, ni la productividad del país, ni la competitividad de los sectores productivos (que no es lo mismo), ni el mantenimiento de puestos de trabajo (para diferenciarlos de los empleos, que se pueden crear con botellas), ni el fortalecimiento de las instituciones, se logran de manera espontánea. Hace falta una acción nacional, que al fin de cuentas sólo se puede canalizar a través del Estado y que por tanto se llama intervención del Estado.

Estas cosas no las soluciona el mercado. Y aunque creo apasionadamente en el mercado, no soy un fanático suicida para recomendar a nuestro país que se deje que los efectos de un TLC se ajusten a la buena de Dios. Esta es la razón de esta serie de artículos en colaboración con Jochi Vicente.

Es racional que la preocupación esté concentrada en la reforma fiscal. Ya estamos en una carrera, cada cual para que no lo fastidien (con «j»), de por vida. Pero hay tiempo suficiente. Por razones electorales, dudo mucho que la reforma se presente al Congreso antes de las elecciones de mayo de 2006. Hay tiempo suficiente para que las reformas puedan contener mucho más que un paquete fiscal..

Hoy quiero referirme a la política monetaria, cambiaria y de deuda pública, e inicio con una reflexión: ¿Cuanto vale, en términos de competitividad, una exoneración total de los impuestos a las maquinarias y equipos contra una moneda mal manejada o una política imprudente de deuda pública? Muy poco, como veremos:

La apertura de Estados Unidos en las últimas décadas ha sido de un solo lado. Mientras la Iniciativa de la Cuenca del Caribe nos permitía exportar muchos productos a ese país sin pagar impuestos, le cobrábamos aranceles (y muchos) a sus productos. Ahora Estados Unidos no elimina gran cosa de arancel, sigue protegiéndose con cuotas (por ejemplo para el azúcar) y a nosotros nos toca eliminar los aranceles.

Pero esta eliminación de aranceles tiene un efecto mucho mas profundo que el costo en dinero. Por siglos, la aduana ha protegido a «los establecidos» de los «no establecidos», con mecanismos entre los que se destacan la intervención molestosa de la autoridad contra la competencia, la sub-valuación y otras prácticas, que por el solo hecho de existir se hacen obligatorias para todo participante en el mercado si quiere competir, pero que dejan fuera del país a grandes empresas extranjeras, que no se van a tirar encima un problema de defraudación fiscal por una economía tan pequeña como la nuestra. Pero esto cambia con el TLC. Con arancel cero, ya nada los parará en aduana.

Cuando las importaciones empiecen a crecer, la gente me pregunta ¿De donde van a salir los dólares para pagar por ellas? O mejor enfocado ¿Qué pasa si la economía se dilata en producir los dólares para financiar las importaciones (que se presentarán de inmediato)?

Lo malo es que esta pregunta tiene una sola respuesta, pero dos formas de manifestarse (in estremis). Si aumentan las importaciones y las exportaciones (de bienes y servicios) no lo hacen en la misma magnitud y velocidad, el mercado ajusta la tasa de cambio y, por la devaluación, la producción nacional se hace nuevamente más competitiva.

Así planteado, parecería que el sector productivo no tendría por que preocuparse. A menos…

Es posible que, en vez de permitir la devaluación de forma inmediata, el Gobierno y el Banco Central decidan defender la moneda por una temporada. La receta no es compleja: por un lado el Banco Central mantiene una política monetaria excesivamente restrictiva, altas tasas de interés en moneda local y flexibilidad para la entrada de capitales internacionales. Y el Gobierno, por su parte, aumenta la deuda externa.

Durante el periodo en que se sostenga la moneda, los productores nacionales tratarán de alargar su vida aumentando el financiamiento (paradójicamente, este periodo será tan largo como tibio sea el efecto de la apertura).

Si se defiende la moneda por un periodo suficiente, el sector productivo quiebra y se desmantela. Y, cuando al final se acabe el financiamiento internacional y la moneda se devalúe, el ajuste será por las cantidades, con una recesión inmensa, un sector financiero con muchos préstamos malos y una gran deuda externa a pagar.

Dantesco el panorama? ¿Exagerado? Para los faltos de memoria, en diciembre de 2000 la deuda pública era de US$5,136 incluyendo la del Banco Central; hoy es de US$13,020 Aumentar la deuda pública no es difícil, repito: acuérdense de lo fácil que fue vender los bonos soberanos

LA SOLUCIÓN REQUIERE DOS ESFUERZOS:

Primero adoptar, por ley, como parte de la necesaria reforma al proceso presupuestal, limites al endeudamiento de la nación que tenga garantía soberana. Quizás el límite lo rompan el Ejecutivo y el Congreso, pero no lo romperán los prestamistas, que no son tontos.

Segundo, separar la toma de decisiones entre el Banco Central y el Gobierno. No es una panacea (nada lo es) pero es un esquema más robusto que el existente. El Banco Central actúa en la actualidad como un ministerio, es parte del Gobierno, cuando debería ser independiente y profesionalmente manejado, con un gobernador y una Junta Monetaria inamovibles por un término específico.

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