JOSÉ LUIS DE RAMÓN Y JOCHI VICENTE
La discusión nacional sobre la coyuntura es interesante, hasta entretenida. Pero sentimos que nos estamos desgastando en detalles menores, sin enfrentar con suficiente rigor los retos más importantes y que requieren de definición inmediata y responsable. Por eso queremos hacer esta reflexión sobre el momento en el que estamos y lo que realmente estamos enfrentando.

Vamos a entrar en un tratado de libre comercio con la economía de mayor tamaño del planeta. Es inevitable. Es un acontecimiento histórico tan trascendental para la República como el ajusticiamiento del Tirano. Y lo estamos tomando demasiado a la ligera. Es cierto que hay preocupación, pero estamos dejando fuera de la agenda muchos aspectos vitales..

Lo de si nos conviene o no el TLC, es una discusión del ayer. Además, en nuestro caso es un tema ideológico, de opinión personal, de visión de país. Es comparable a que lo que enfrentaron, en el siglo XVII, los habitantes de cualquier colonia ante la conveniencia o no de la independencia. Son decisiones que se toman de la misma manera y por las mismas razones.

Nos hemos concentrado en la temática del balanceo de las cuentas fiscales, derivada del TLC, porque es obligatoria. Pero no hemos discutido, ni siquiera a nivel teórico, sobre lo que es esperable del TLC para la evolución macroeconómica. ¿Se demandan menos dólares importando el fertilizante necesario para producir una tonelada de arroz o para importar una tonelada de arroz subsidiado, aunque éste sea más barato? Devaluación, inflación, tasa de interés y crecimiento quedarán afectados.

No tenemos un solo «estudio de impacto» del TLC y de OMC, por lo menos de público conocimiento Hacían falta antes de negociar y hacen falta ahora para solucionar, para amortiguar efectos.

La competitividad del país no es sólo un asunto fiscal. Aunque la neutralidad fiscal es una condición necesaria para la competitividad, no es una condición suficiente. De hecho, parece que en búsqueda de la neutralidad fiscal, caminamos hacia una trampa fiscal en contra de la competitividad.

La evidencia empírica demuestra que altas tasas de presión fiscal rezagan el crecimiento y que el capital humano de calidad es esencial para crecer. Sin embargo, fruto de décadas de brazos cruzados sobre el problema, son tantas las demandas pro competitividad sobre el presupuesto, que parecería que, aún asumiendo mayor eficacia en el gasto público, no es posible ser competitivo y socialmente responsable sin un aumento sustancial de los ingresos fiscales (ya sea vía un ataque frontal contra la evasión o mediante un indeseado aumento de impuestos).

Una visión rápida sobre las finanzas públicas: No importa la reforma que se haya realizado en el país, la presión fiscal nunca supera el 16% del PIB. Asumamos que un 18% es alcanzable y recordemos que no podemos aumentar el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB; todo lo contrario.

En un escenario de «país de las maravillas» (reforma del Estado, eliminación de las botellas, ley de licitaciones y menor corrupción), podríamos rebajar el costo de administrar el Estado (incluyendo Justicia y Poderes Legislativo y Electoral) a un 4.2% del PIB, pero no menos de ahí; Sólo para mantener la infraestructura del país, necesitamos obras publicas por 4% del PIB; Seguridad ciudadana requiere 1% a 1.5% del PIB (si se reforman profundamente las FF. AA. y la PN). Educación y salud requieren en conjunto, cuanto menos, un 6% del PIB; y la seguridad social, 1.5%. Los intereses (sin capital) de la deuda externa consumirán, per secula seculorum, un 5% del PIB. El repago de los certificados del Banco Central, entre 0.5% y 1% anual. Esto suma entre 22% y 23% del PIB. Así que adiós educación, salud, seguridad social¼

Veamos, en cifra gruesa, los impuestos a perder y nuevos egresos (subsidios) a incurrir pro competitividad, englobando los acuerdos TLC y OMC: aranceles 1% del PIB; comisión cambiaria 3% del PIB. Para la competitividad del sector industrial, (especialmente si lo vamos a convertir entero en un sector de «zona franca»), más lo que solicita el sector agropecuario (en correcciones, financiamiento y ayudas por subsidios), 2% del PIB. Otros sectores, 0.5%. Menos las duplicaciones, el impacto, si a todos se le concediera lo necesario para competir en igualdad de condiciones con nuestros competidores, es del orden del 6% del PIB.

O sea, que la tarea para competir sería: Primero: reestructurar, casi re-crear, de manera revolucionaria la forma en que se administra el Estado, (incluyendo el cierre de Secretarías, instauración de la carrera administrativa y una reforma a las FF AA y la PN, para liberar los fondos necesarios para infraestructura, educación y salud, aún por debajo de su mínimo requerido); Segundo: Aumentar la presión fiscal entre 1% a 2% del PIB.; Tercero: sustituir impuestos por 4% del PIB. Y Cuarto: decirle a los todos o algunos sectores productivos, que no serán complacidos en sus aspiraciones de neutralidad o equidad fiscal ante la competencia, por una diferencia de 1% a 2.5% del PIB. La selección de los perjudicados es una decisión espartana. Los discapacitados serán arrojados al barranco. Esta es una decisión que requiere una discusión profunda y sensata del gobierno con la sociedad.

No nos extenderemos sobre macroeconomía. Este es un tema complejo, con muchas aristas monetarias y cambiarias, razón principal por la que ha estado fuera de las discusiones «de periódico». Planteamientos a priori, en vista de la evidencia empírica de la década, son riesgosos hasta teóricamente.

Sólo recordar que alguien tiene que ser responsable de velar por los efectos macroeconómicos derivados de TLC y OMC en la economía, especialmente en la inflación y en el efecto causa- efecto del tipo de cambio en la apertura. Alguien independiente (que no significa indolente) de la política comercial, independiente de la consecuencias políticas del proceso de apertura. El gobernador del Banco Central no puede ser miembro del gabinete. Además, el problema de los Certificados del Banco Central es otro de los grandes retos, difícil de enfrentar y que exigen reflexión, pues el sector privado, o será gran parte de la solución o cargará con gran parte del costo del plato roto, si se deja que se rompa.

Recordemos lo que pasa con las oportunidades cuando no se pone el candado antes de que ocurra el robo. Como nación, no llegamos a profundizar la discusión de la dolarización, mucho menos llegamos a decidir sobre su conveniencia. Ahora no nos queda ni la discusión, postergada a la fuerza por otra década. Por culpa de la debilidad institucional del Banco Central, que alcanzó su máxima expresión en el salvamento bancario, contamos hoy con una deuda de Certificados del Banco Central de RD$120,000 millones. No podemos dolarizar o aumentaríamos la «deuda externa» en US$4,000 millones, eliminando el señoreaje como fuente de repago. Así como dejamos escapar la oportunidad de dolarizar de forma definitiva, necesitamos, también de forma definitiva, un Banco Central autónomo y con una Junta Monetaria profesional y a tiempo completo. El otro gran tema es electricidad. Todo el mundo se queja y se queja, pero los afectados no proponen soluciones. Con el KW/h a US¢22 , es de risa la propuesta de reducir un US¢1 el KW/h.

Pensemos en la bola de nieve de la deuda externa que genera el sector eléctrico, peor que la de los Certificados del Banco Central. Cada vez que el estado toma un préstamo para saldar atrasos con generadores o pagar combustible, nos esta condenando a repagar intereses y amortización por esta deuda. Este es un flujo del sector eléctrico, camuflado entre el resto de la deuda pública.

Un costo oculto a sumar al precio de US¢22 el KW/h, el costo de la generación de «emergencia», el costo de oportunidad de los apagones y el subsidio que pagamos anualmente vía el presupuesto.

Es verdad, cruelmente cierto, que a estos precios el país no va a ser competitivo nunca. Y es también verdad que sin un cambio en el parque generador y la renegociación de los contratos, el sistema eléctrico no va ser financieramente sostenible nunca. El tiempo pasa y la evidencia está ahí.

Realpolitik: Sin apoyo, decidido y público, del empresariado más respetado y de las demás fuerzas sociales, el gobierno no puede, él solo, enfrentar este problema.

Estos son problemas que exigen de soluciones y no de parches, problemas de siempre que afloraron ante los retos de la globalización, que hoy se concretizan con el TLC y que definen si tendremos futuro en lo material. Esto y con el mayor grado de profundidad es lo que deberíamos estar discutiendo gobierno, oposición, empresarios y sector laboral, no en la prensa sino en el Palacio, antes de que se acabe el tiempo y lo tengamos que hacer improvisando, con prisa y corriendo, bajo el acecho de los «vivos» de siempre. El TLC es una oportunidad para hacer un punto de inflexión en la filosofía económica de la República. Es cierto que estamos cansados de retórica y de perder el tiempo en pactos ceremoniales. Pero el momento es tan serio, que hace falta un esfuerzo adicional.

Porque si no lo hacemos nosotros, pensemos que para el mundo tampoco pasa nada. El Trópico esta lleno de playas lindas, con gente simpática y hambreada. La historia no nos echará de menos, ni le vamos a dar pena a nadie. Miremos hacia Haití, tan cerca y todavía tan lejos. El mundo sigue girando sin ellos. Hasta ahí podríamos llegar y a nadie le va a importar. Excepto, quizás, a nosotros.