Los empresarios nacionales, productores de bienes o servicios son muy sensibles al costo de la electricidad, que requieren aplicar intensivamente a sus actividades. Necesiten que el servicio sea de buena calidad y continuo, vale decir; sin apagones ni inestabilidad de voltaje y además, que su costo sea razonable y competitivo con el costo en otros países con cuyos productos o servicios compite en el nuestro o en mercados externos.

También, los consumidores, domiciliarios o institucionales, tienen derecho a un servicio continuo y cónsono con sus ingresos.

Es un deber del Estado, pues, garantizar que así sea: que el servicio público de electricidad sea confiable y continuo y los precios sean fijados dentro de los parámetros internacionales de eficiencia, rentabilidad y facturación.

1. Más, ha ocurrido en la República Dominicana, un enorme trastorno que lo impide. Con la excusa de que el monopolio estatal del servicio público de electricidad era deficiente por dar apagones, mantener facturas altas y obligar al Estado a subsidiarlo, se cedieron los activos eléctricos públicos a cinco empresas privadas extranjeras, dolosamente, subvaluándolos y transfiriendo sin pago -al Estado- el 50% de su capital accionario y el 100% de su control administrativo a esas empresas extranjeras. Desde entonces, para sorpresa y consternación general, los apagones, ya como medio de extorsión financiera, se han multiplicado; las tarifas, arbitrariamente, se han más que duplicado y lo mismo ha ocurrido con los subsidios que debía pagar el Gobierno a la empresa eléctrica estatal y que ahora constituyen aportes netos indebidos a la rentabilidad excesiva de empresas privadas extranjeras. Además, violando groseramente la Constitución de la República, la libertad de empresa y la necesaria protección del Estado a los consumidores, el Gobierno ha permitido la creación de monopolios privados (oligopolios) en la distribución y la generación de energía eléctrica. Consecuentemente, han recibido carta blanca para explotar a mansalva al propio Gobierno y a los usuarios privados de electricidad, convirtiendo la facturación eléctrica y sus cargos ilegales en un impuesto disfrazado en provecho de entes privados y un elemento que restringe el consumo familiar y constituye un obstáculo a la rentabilidad y competitividad de las empresas nacionales. Esa explotación irrestricta y excesiva, mantenida por un oligopolio eléctrico que nada invirtió del capital suscrito original convenido, operando en cambio, con el capital de trabajo de los usuarios, ha generado una rentabilidad descomunal, indebida e ilícita a esas empresas. También, a las empresas eléctricas anteriores o posteriores a la falsa capitalización, cuyas inversiones han podido recuperar en apenas tres años en vez de los 12 años normales para el sector.

2. Naturalmente, las empresas eléctricas extranjeras no hubiesen podido apoderarse de tal modo del capital estatal ni monopolizar en su provecho, el servicio público de electricidad, explotándolo a su antojo, sin la voluntad cómplice de los funcionarios públicos incumbentes, comenzando con el anterior y el actual Presidente de la República y desde luego, con los funcionarios supervisores, reguladores o asesores, tal como ha ocurrido en otros países. Es por tal ocurrencia que el insigne economista estadounidense y Premio Nóbel, de Economía Joseph Stiglilz, denomina «sobornización» a los procesos de «privatización» de las empresas estatales en nuestros países del tercer mundo. Si el Gobierno anterior es responsable neto de la estafa de la privatización, por lo cual introduje una bien fundada querella criminal en contra de sus funcionarios incumbentes y las cinco compañías mixtas, el actual Gobierno lo es también por haber mantenido esa estafa y por haber extendido y aumentado sus privilegios en perjuicio del Estado y de la nación dominicana. Ha permitido también, que las cinco empresas eléctricas violen sostenidamente e impunemente, la propia ley general de Electricidad, que fue el marco jurídico creado a posteriori para reglamentar el funcionamiento del sector Eléctrico capitalizado, permitiendo que las empresas eléctricas designen secretamente, a los funcionarios del Estado que deben velar por su aplicación y/o tomar decisiones sobre su cumplimiento. Con tal apoyo, han podido mantener sin efecto o desvirtuar todas y cada una de las disposiciones legales o reglamentarias que penalizan sus abusos, que protegen al consumidor y que gradualmente, introducen la libre competencia.

3. En efecto, las empresas eléctricas, constantemente, han venido obrando para afianzar su monopolio, cerrando una a una, todas las brechas que el legislador dejó abiertas a la libre competencia y ala defensa del consumidor. Una de las primeras manipulaciones consistió en extender a 15 años la operación de esas compañías, con contrato por 5 años no aprobado por el Congreso y fijarles, mediante el acuerdo Santo Domingo-Madrid, un precio monopolista de compra de electricidad, evitando su variación por libre competencia.

La más reciente artimaña consistió en comprar dos distribuidoras quebradas, que no aportaron el capital que suscribieron para licitar, en US$700 millones que deberán pagar los contribuyentes dominicanos, suscribiendo pagareses a 12 años y 12% de interés, descontados prestamente por el complaciente Banco Argentario Vizcaya de Bilbao vinculado al traficante español de influencias, Jesús Barderas. Debe investigarse el rumor de que por tal operación, una jugosa comisión de más de US$50 millones, fue distribuida en Madrid. Así mismo, mediante dos resoluciones adhoc, de la Superintendencia de Electricidad se aumentó arbitrariamente, la tarifa en el 2002, impidiendo la aplicación de una tarifa técnica que reducía racionalmente, tanto el precio de la generación como el valor agregado de la distribución (VAD). Otras resoluciones crearon un «peaje» o derecho de acceso no previsto en la ley 125-01, impidiendo a los clientes de alta tensión, no regulados por la ley, contratar directamente con las empresas generadoras, obteniendo ventajas de hasta tres centavos de dólar o más por kilovatios-hora comprado, desplazando esa ventaja hacia mayor rentabilidad de las distribuidoras. También, postergaron la ampliación del mercado legal de clientes no regulados, previsto por la ley en desmontes anuales, hasta 200 megavatios, privando de ese beneficio a empresas privadas, hospitales y condominios en cuyo interés, el legislador creó esa brecha.

4. El propio reglamento elaborado por Julio Cross como Superintendente de Electricidad, cuando fue remitido al Presidente de la Comisión de Energía, George Reynoso, éste le amputó todas las normas que protegían al consumidor. Reynoso es el actual Superintendente de Electricidad cuyo nombramiento debe de aprobar el Senado. En estas circunstancias, no siendo confiable el servicio continuo ni calidad del mismo y habiendo subido a un nivel demasiado alto las facturaciones eléctricas, las empresas privadas no han tenido otra alternativa que invertir en plantas generadoras cuyo costo de operación y mantenimiento es muy elevado, para poder continuar operando, lo cual representa para ellas y para la nación, una carga muy pesada que el Gobierno procura aumentar, haciendo subir periódicamente los precios del gas oil sin justificación en los precios internacionales del combustible. Del mismo modo, el oligopolio eléctrico, con la complicidad de los funcionarios reguladores, ha dejado sin aplicación, no solo la última tarifa técnica sino también, las compensaciones por apagones y por abuso de facturación o cortes indebidos.

5. Las empresas nacionales, en efecto, que por su naturaleza y envergadura son usuarias intensivas de electricidad, tanto productivas como de servicios, han debido realizar costosas inversiones en plantas generadoras para poder seguir operando pese al elevado costo de su operación y mantenimiento. Lo han hecho, porque la ley 125-01 de Electricidad les concede la condición de usuarios «no regulados» permitiéndoles negociar con ventajas y conectarse directamente a las generadoras. Empero, al dificultarse y restringirse las ventajas de costo previstas al contratar con las empresas generadoras o no ser continuo ni confiable su servicio, han decidido algunas de ellas, aprovechar otras ventajas contempladas en la ley convirtiéndose en Autogeneradores. Es decir: produciendo totalmente, su propia energía eléctrica. Unas 53 empresas nacionales han investido así, US$250 millones: o sea, unos RD$12,500 millones de pesos actuales en sus unidades de generación para ponerse a salvo de las constantes alzas de tarifas y de la mala calidad y poca confiabilidad del servicio eléctrico del oligopolio de generación. Para poder hacerlo, cuentan con la exoneración tributaria al combustible que el reglamento de la ley 112-00 de Hidrocarburos concede a las empresas generadoras oligopólicas lo cual expresamente, beneficia también a los autogeneradores.

6. Esto ha parecido inaceptable a esas insaciables empresas extranjeras las cuales han aprovechado la actual época pre-electoral y después de haber extorsionador con prolongados apagones: a un Gobierno empeñado en que haya luz para ganar las elecciones de mayo 16, le han obligado, el 11 de febrero pasado, a suscribir un pacto clandestino, e ilegal, el cual lo obliga, no solo al aumento de tarifas y otras concesiones, a eliminar la exoneración de impuestos al combustible a las empresas autogeneradoras y a no permitir que las empresas nacionales, de las decenas que así lo solicitan, obtengan la calificación de «cliente no regulado» o sea, a anular de hecho, leyes del Congreso y a imponer el oligopolio eléctrico sobre todas las empresas nacionales, sometiéndolas a su irrestricta explotación. Ese acuerdo infame, ilegal e inmoral, es nulo de pleno derecho y no debe aplicarse. Si lo fuese, inutilizaría la costosa inversión de las empresas nacionales, afectando su estabilidad financiera y su rentabilidad, aumentando sus costos y reduciendo su competitividad en perjuicio del empleo y del ingreso nacional. Está claro, que esto pasa ya de castaño a oscuro y que ese sería el costo de tener elecciones sin apagones: un costo que la nación no puede tolerar.

Luego, está claro que ha llegado el momento de rectificar este gran desorden que desestabiliza e infla la Economía, impidiendo la tranquilidad social, sin ceder a las desorbitadas exigencias consignadas en el Acuerdo del 11 de Febrero ya mencionadas y a las demás, que incluyen la no modificación del Acuerdo de Santo Domingo Madrid y otros privilegios indebidos y el pago, no suficientemente verificado, de sus desmensuradas acreencias.

Lógicamente, se impone dejar sin efecto el Acuerdo del 11 de Febrero, el cual es intrínsecamente nulo, en cuanto a sus exigencias de aumentos de tarifas, penalización ilegal de los autogeneradores, cuyas exenciones tributarias deben mantenerse y también, poniendo a las empresas que califiquen, a ser reconocidas como usuarios no regulados.

Si las empresas eléctricas generadoras, que ya enfrentan, lesionan y amenazan a las empresas nacionales, no obtemperan, saboteando el servicio público de electricidad, hay razones más que suficientes para intervenirlas, con todo el peso de la autoridad del Estado, lo cual es una contingencia que el Gobierno debe prever.

Desde luego, el primer paso en esa dirección debe ser dado reemplazando al Superintendente de Electricidad y al Presidente de la Comisión de Energía por funcionarios capaces, insobornables y dotados de carácter, que apliquen estrictamente, la ley que rige a todos los agentes del sector y que las empresas eléctricas aceptaron como marco legal de su operación. Así mismo, anulando todos los Acuerdos y revocando las resoluciones derogatorias de la ley, dictadas por la influencia o soborno de las empresas eléctricas. Si actúa de tal modo con firmeza, el Gobierno tendría pleno apoyo de la nación.