JESÚS DE LA ROSA
La Universidad es el lugar en donde se capacitan los futuros profesionales y científicos en una amplia gama de funciones y de actividades; es el sitio de acogida a los profesionales que regresan para actualizar sus conocimientos; es donde se individualizan, discuten y absorben, con espíritu crítico, los problemas que afectan a las comunidades; es el espacio al que las instituciones públicas y privadas pueden dirigirse en busca de información científica fiable; y es el emplazamiento donde hombres y mujeres libres participan en la construcción de una sociedad solidaria.

Los universitarios creemos que formamos parte de una comunidad global comprometida en la búsqueda de la verdad, la justicia social y la tolerancia; y que la universidad es la institución más llamada a luchar por la pluralidad de ideologías y por la diversidad de opciones políticas.

Pero, ¿dónde está situado ese paraíso del saber y la convivencia que llamamos universidad? ¿A cuántos millones de pesos y dólares asciende el costo de su mantenimiento? ¿Cómo habrá de financiarse una institución como ésa? Podría ser que ese concepto de universidad no se corresponda con la realidad; y que eso que  se dice de la institución universitaria no sea más que una anécdota.

Las medidas de políticas financieras que se proponen para hacerle frente a la creciente demanda de financiamiento de la educación superior son muy variadas y casi todas están orientadas a frenar los costos y aumentar la inversión. Dado el carácter de bien social de la educación superior, el Estado juega un rol decisivo en el financiamiento de las instituciones que la ofertan.

Aquí, al igual que en casi todos los países de la América española, las instituciones públicas y privadas de educación superior no pueden sostenerse con los recursos provenientes de la Hacienda pública, teniendo éstas que acudir a otras fuentes de financiamiento.

La UASD obtiene por vía del cobro de matrícula y de la venta de productos y servicios alrededor de un 20% del total de sus ingresos.

Durante el año 2005, el Gobierno dominicano destinó unos dos mil 300 millones de pesos, alrededor del 0.23% del PBI, al financiamiento de la educación superior, suma ésta muy inferior a la contemplada en la Ley 139-  01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Según los cálculos del economista Isidoro Santana, en ese mismo año, los pagos de los hogares a las universidades privadas alcanzaron la suma de 5 mil millones de pesos, equivalente al 0.78 del PBI. Si sumáramos a esas dos partidas otras como las del pago de las familias por concepto de matrícula a las instituciones públicas de educación superior y los gastos de los hogares en otros renglones, estaríamos hablando de una inversión en educación superior que en el año 2005 fue de alrededor de 8 mil millones de pesos; suma ésta notablemente inferior a la recomendable para el sostenimiento de un sistema de educación superior de una calidad a tono con la demanda de estos tiempos.

Necesitamos invertir anualmente en educación superior como mínimo el equivalente al 1% de nuestro PBI, alrededor de 10 mil 880 millones de pesos. Considerando que la inversión privada se mantenga en 5 mil millones de pesos, el Gobierno dominicano debería más que duplicar en el 2008 el presupuesto que destina a ese sector. Y es precisamente eso lo que reclaman tanto la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología como el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Pero, ¿podrá el Gobierno del presidente Fernández complacerlos? Esperamos que sí.

Sería muy duro para ellos darse cuenta que sus argumentos no han servido para nada, sino para poner de manifiesto su coraje frente a la inutilidad de los mismos.