Una de las múltiples consecuencias perversas del proceso inflacionario que sufre la sociedad dominicana es la elevación del costo de las actividades políticas, acentuando la dependencia de los políticos de la contribución de los grandes grupos económicos, y tendiendo a perpetuar el dominio de los partidos tradicionales, al hacer muy difícil la emergencia de nuevas opciones partidarias.

Nunca se había presentado a los electores tantas opciones como ahora, cuando se registraron 11 candidaturas por 23 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. Pero probablemente nunca la promoción de las opciones estuvo tan concentrada en los tres partidos que han dominado el escenario político tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Cuando le preguntamos el viernes pasado a Ramón Almánzar la razón por la cual las candidaturas alternativas se han sentido menos que en otras campañas, respondió con dos explicaciones, una positiva y la otra negativa. Que antes lo más barato eran los afiches y ahora está prohibida su colocación en paredes y tendido eléctrico y bastante controlada por los ayuntamientos, y porque la inflación ha hecho casi prohibitiva la promoción de candidatos que no tengan gran patrocinio financiero del Estado o del sector privado.

El Candidato del Partido Nueva Alternativa explicaba que una valla aérea tiene un costo de 100 mil pesos mensuales, por 40 de las vitrinas tamaño afiche que colocan en las isletas y aceras de las avenidas, se cobran 525 mil pesos y las promociones televisivas de 30 segundos llegan a cotizarse hasta a 26 mil pesos. Los afiches mismos se han triplicado de precio, en relación a las anteriores elecciones.

De manera que si fueran a colocar una sola valla aérea por provincia, un candidato requeriría disponer de 3 millones 200 mil pesos, casi la totalidad del financiamiento estatal que corresponderá a la mayoría de las candidaturas, establecido en poco más de 4 millones de pesos. Ya se sabe que las tres cuartas partes de los más de 400 millones de pesos que este año entregará el Estado a los partidos, irá a las arcas de los tres mayoritarios.

Otro candidato alternativo, Raúl Pérez Peña, expresaba el drama de hacer campaña política sin dinero, debido a la cultura clientelista y de boroneo impuesta por los partidos tradicionales. En cualquier barrio donde llega, numerosas personas le reclaman «lo mío» siquiera para escuchar sus planteamientos. Y desde luego no hay con qué atender esas demandas.

A la luz de esos costos, habría que preguntar cuánto se invertirá en esta campaña electoral, cuánto costará a los dominicanos y dominicanas la elección presidencial y cómo y quién cargará con el grueso del costo.

Al costo total hay que agregar el que ya pagaron los numerosos precandidatos que compitieron en los tres partidos mayoritarios, especialmente en el de gobierno, donde algunos llenaron ciudades y carreteras de vayas y vitrinas y la radio y la televisión de promociones.

Si se pudiera pasar un balance siquiera aproximado, tendríamos que poner en cuestionamiento el alto costo de la democracia dominicana, que de cualquier forma paga el pueblo, sea a través de la generosa contribución del empresariado o sacado directamente de las arcas del Estado a través de muy diversos canales.

Cuando en 1997 se instituyó el financiamiento a los partidos políticos a través del presupuesto nacional, algunos llegaron a creer que eso sustituiría la contribución del empresariado. O que por lo menos los empresarios reducirían su contribución amparados en el financiamiento estatal.

Tal cosa no ha ocurrido porque muchos de los contribuyentes privados lo hacen por propia iniciativa, como una inversión más, para luego ser merecedores de tratamientos especiales, en forma de exenciones impositivas, contratas y otros favores. Es lo que en la terminología política se conoce como rentismo.

La convicción general es que la política es muy cara en el país, lo que otorga al poder económico una capacidad grande para manipular las opciones de poder, a través de una inversión, que otorga indiscutible ventaja a quienes alienan su independencia, a menudo desde que son simples aspirantes a una candidatura.

De esa forma los representantes de los sectores populares, y contestatarios tienen muy poco que buscar, a no ser una frustración, en los procesos electorales, lo cual marca su carácter elitista y contradictor de los principios democráticos.

Se impone una nueva legislación sobre el financiamiento a los partidos, que regule los aportes públicos y privados, que establezca límites y obligue a rendir cuentas, instituyendo las penas correspondientes a su violación, como se ha hecho en las naciones donde la democracia ha madurado.

El objetivo no es solamente reducir el costo de las campañas electorales, sino impedir que cuando un candidato resulte electo, tenga que enajenar su independencia frente a los grandes intereses creados.