POR JESÚS DE LA ROSA
Según los resultados de encuestas demográficas realizadas aquí por entidades oficiales, agencias de cooperación internacional y grupos de consultores privados, durante el pasado gobierno del presidente Fernández, el gasto público social tuvo efectos muy restringidos en las condiciones de vida de las gentes pobres, debido a su limitada proporción en relación con el Producto Bruto Interno.

Durante el primer periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández el gasto social fue de alrededor de un 6% del PBI.

No obstante, en esa primera administración peledeísta se desarrollaron programas de asistencia social para mejorar las condiciones de vida de las sectores económicamente desfavorecidos; y se creó un llamado Gabinete Social que desempeñaba el papel de organismo rector de la política social del gobierno y de las acciones de éste para combatir la pobreza.

Entre los años de 1996 y 2000 aquí se pusieron en práctica programas de asistencia social de índole diversa: Desayuno Escolar; Programa de Alimentos para Todos; Plan Social de la Presidencia; Programas de Medicamentos Esenciales; Comedores Económicos; Programas de Construcción y Mejoramiento de Viviendas y otros de no menos importancia que los mencionados.

A la llegada del agrónomo Hipólito Mejía al poder, los efectos de la aplicación de esos programas se redujeron de manera considerable debido fundamentalmente a la calidad de los servicios prestados y a la selección de los nuevos beneficiarios.

Durante la administración de gobierno del presidente Mejía, la economía dominicana dejó de crecer; la corrupción campeó por sus fueros; el valor del signo monetario nacional se desplomó; se produjo la quiebra de varios bancos comerciales; y los programas estatales de asistencia social o redujeron su alcance o simplemente desaparecieron.

A la llegada de nuevo al poder de Leonel Fernández, el 16 de agosto del 2004, se evidenciaba que la pobreza afectaba a casi un 50% de los hogares dominicanos. Para entonces, los entendidos en la materia ya habían identificado 15 provincias del país donde las tres cuartas partes de los hogares eran pobres o indigentes.

Un calificativo apropiado para identificar desde el punto de vista económico los cuatro años de gobierno pepeachista seria: “el gobierno del cuatrienio perdido”. 

Al final de ese vendaval, el sistema de instrucción pública de la República Dominicana confrontaba grandes calamidades. Sus indicadores de calidad revelaban un gran desastre: baja tasa de cobertura acompañada de una alta tasa de deserción; bajo porcentaje de estudiantes promovidos y sobrecogedores índices de sobre edad.

Más de 700 mil niños permanecían fuera de las aulas por falta de cupo o por los problemas económicos que los afectaban tanto a ellos como a sus padres. Y en algunos sitios del país se había estado perdiendo la costumbre de que los padres enviaran sus hijos a la escuela.

Durante el último año de administración de gobierno pepeachista, la deserción escolar fue de un 3.3% en el primer curso de enseñanza básica y de un 4.3% en el segundo curso de ese mismo nivel. Del tercero al octavo curso los índices de deserción se elevaron a un 3.9%, 5.6%, 5.8% 6.4%, 9.7% y 2.5% respectivamente, siendo el 5.9% el índice promedio de deserción en el nivel básico.

La ineficiencia y la inequidad de nuestro sistema de instrucción pública se expresaba entonces en los altos índices de repitencia que se registraban en los diferentes niveles.

Conforme a un diagnóstico elaborado por técnicos de la Secretaría de Educación, a mitad del periodo del gobierno pepeachista el índice de repitencia era de un 7% en el nivel básico, lo que significaba que más de 180 mil escolares de ese nivel repetían el curso cuando uno sólo no debería hacerlo.

La educación inicial resultaba ser un producto demasiado caro para ser asumido por familias pobres. Y la oferta pública apenas cubría un 20% de la demanda.

Los liceos secundarios y los institutos politécnicos eran fenómenos típicamente urbanos.

Todo lo que se había logrado con la puesta en práctica del Plan Decenal de Educación 1993 2003 parecía derrumbarse.

Las partidas presupuestarias que se destinaban a Educación durante los cuatro años de administración pepeachista apenas alcanzaban para cubrir los sueldos de más de 58 mil maestros y de 27 mil empleados administrativos y de servicios.

Mientras el gasto anual por estudiante durante “el gobierno del cuatrienio perdido” era de menos de 4 mil pesos, el de un estudiante de un colegio privado de primera categoría en ese mismo periodo era de alrededor de 150 mil pesos.

En esos años, una familia adinerada invertía 37 veces más en cubrir los gastos de educación de su hijo que lo que invertía el Estado dominicano en la educación de un niño o niña que cursaba estudio en una escuela pública. Y qué decir de la educación superior, apenas menos de 10% de los dominicanos y dominicanas en edades comprendidas entre los 18 y 30 años cursaban estudios superiores.

¿ Cuáles eran las condiciones generales del estado de la salud de la población dominicana en tiempos de Hipólito Mejía?

Nos arriesgamos en afirmar que no era buena.

En el año 2002, el 28% de los residentes habituales en hogares encuestados reportaban padecer de alguna enfermedad o de tener algún problema de salud; el 16% de la población afirmaba padecer de alguna enfermedad crónica y el 3% registraba algún tipo de incapacidad a causa de una enfermedad. Para mayores detalles al respecto léase la publicación “Encuesta Demográfica y de Salud 2002“ editada en Santo Domingo en diciembre del 2003 por la Editora Gente.

Mientras los servicios de salud y de educación que se ofrecía a la población dejaban mucho que desear, aquí, en la ciudad de Santo Domingo, se celebraban los Juegos Panamericanos “más costosos y brillantes de la historia”

El costo que implicaba la puesta en práctica de los programas de seguridad social no pudo ser asumido por “el gobierno del cuatrienio perdido” porque el entonces Presidente Constitucional de la República, agrónomo Hipólito Mejía, dispuso que una buena parte de los recursos económicos del Estado dominicano fuera empleada en la celebración de un “gran bonche panamericano” .

Y lo tragicómico del caso es que esos derrochadores se ufanaban y se ufanan de pertenecer a un partido político “socialdemócrat” .

Todas esas calamidades ocurrieron aquí durante el “gobierno del cuatrienio perdido”. Pero ¿ qué ocurre hoy en este país en materia de educación y salud pública?

Hablemos de educación

Una de las primeras medidas tomadas por Leonel Fernández después de ser juramentado por segunda vez como Presidente Constitucional de la República fue la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el propósito de restablecer el equilibrio macroeconómico, sanear nuestra economía y tratar de atraer a inversionistas extranjeros.  A los pocos días de la puesta en práctica de esas y otras medidas, el signo monetario dominicano subió de valor y los productos de consumo masivo bajaron de precio. La economía ha comenzado de nuevo a crecer. Queda por resolver el asunto de la energía eléctrica y el reducir a niveles tolerables la delincuencia, la corrupción, y el consumo y tráfico de drogas.

En materia de educación, el presidente Fernández da a entender, a través de sus discursos y de sus participaciones en conferencias y seminarios, que está tan al día en la materia como puede estarlo cualquiera de nosotros.

En su intervención en la sesión del Foro Educativo celebrada el 8 de mayo del 2005, el presidente Fernández dijo lo siguiente: “el progreso económico de un país hoy demanda, entre otras condiciones, el disponer de una fuerza de trabajo con una base sólida de destrezas de lectura y de cálculo matemático; también, el contar con una clase profesional con conocimientos científicos y con capacidades para comunicarse en varios idiomas”.

Había que construir y reparar miles de aulas y de incorporar al sistema miles de nuevos docentes; también, había que poner en práctica planes actualizados de formación y capacitación pedagógica para elevar la calidad de los servicios docentes.

Nos sentíamos y nos sentimos identificados con las iniciativas de un presidente de la República que, al igual que nosotros, es egresado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Era comprensible que el presupuesto de gastos del gobierno del año 2005 fuera formulado por los del equipo económico del gobierno del presidente Fernández atendiendo a los requerimientos y a las exigencias del puñetero Fondo Monetario Internacional; y que en el mismo no figuraran los millones de pesos que se necesitaban y se necesitan para mejorar el sistema de instrucción pública y para posibilitar que todos los dominicanos disfruten del derecho a acceder a una educación de calidad.

Pero, este año, en materia de presupuesto de educación, ocurrió algo que a todos nos preocupa. Resulta que de un presupuesto de 32 mil millones de pesos solicitado por la Secretaría de Educación le aprobaron uno de poco menos de la mitad de esa suma; a la Universidad Autónoma de Sano Domingo de 7 mil millones de pesos, le aprobaron uno de 2030 millones; y a la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología le aprobaron un presupuesto de 779 millones, después de haber solicitado uno de más de 8 mil millones de pesos. 

Este año, el gasto público en Educación ascenderá a 22 mil 11 millones de pesos, equivalente a un 9% del presupuesto nacional. En esa materia hemos retrocedido a los finales de los años 80.

El sistema de instrucción pública de la República Dominicana continuará siendo el peor financiado de la América española.

Para evitar que la situación del sector empeore, el presidente Fernández deberá invertir en educación básica, media y superior recursos económicos provenientes del presupuesto de la Presidencia de la República. Así evitará que se piense que en el fondo de la crisis que afecta a la educación radica la paradoja de que su gobierno, a pesar de destacar la importancia del papel que desempeña la educación en el desarrollo y progreso de los países, no parece dispuesto a pagar los gastos que acarrea el funcionamiento de un sistema de instrucción pública acorde con las exigencias de una economía globalizada de mercados abiertos a la competencia internacional.