La semana pasada el gobierno se dio cuenta de que el costo económico y político de no seguir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era mayor que el costo político de mantenerse dentro del acuerdo.

Si se suspendía dejaba de recibir medio billón de dólares de préstamos de los organismos internacionales y se le hacía más costoso emitir otro medio billón de dólares en bonos soberanos.  Un billón de dólares menos implicaba bajo crecimiento económico y muy reducidas obras públicas.  Además, un billón de dólares que dejasen de entrar al Banco Central, cuando en lo que va de año las reservas monetarias netas se han reducido en 725 millones de dólares, hubiese significado presiones devaluacionistas con el consecuente aumento en una inflación que, por el componente importado de petróleo y comida es alta.

Y, desde el punto de vista político, el apretar temprano y cuando venza el acuerdo en febrero, “desguañangar” entre febrero y mayo la economía para ganar las elecciones, tiene mucho sentido.

La parte simpática “keynesiana”, del acuerdo, con muchos recursos y poca condicionalidad, venció hace un año. Ahora llegó el momento, tal y como lo establece el acuerdo, de reducir los déficits.

¿Desembolsarán los organismos internacionales la plata y se emitirán los bonos soberanos antes de que el Congreso apruebe la reforma fiscal? Es improbable, aunque se trata de una “carta de intención”.

Las recaudaciones del gobierno están bastante por encima de las del año pasado, pero no han llegado a las cifras presupuestadas porque no se han puesto en vigencia una serie de medidas recaudadoras (indexación, etc.) que eran parte de las premisas del presupuesto.

El problema del gobierno es que es percibido, correctamente, como que hace todo menos ejercer la austeridad, con nóminas excesivas y un nivel de corrupción que, según las encuestas, los propios peledeístas admiten abiertamente. Si en cada ministerio u organismo autónomo se colocase a alguien que hiciera lo que Celso Marranzini ha hecho en la CDEEE, es seguro que el déficit sería mucho menor. ¿Cómo, entonces, justificar nuevos impuestos? El que los fondos recaudados se utilizarán para la educación es una hipócrita falsedad, ya que irán a cubrir un déficit global.

La carta de intención nunca habló de una reforma tributaria que tuviese que ir al Congreso, sino ajustes administrativos, sobre todo en el manejo de exoneraciones. Pero sí existe el compromiso de hacer que la tarifa eléctrica sea flexible y refleje costos y eso tan sólo se ha hecho parcialmente y con atrasos, por lo que el déficit ha aumentado, exacerbado por los precios internacionales. Consecuentemente, las medidas administrativas ya no son suficientes. El paquete impositivo, por primera vez, es “progresivo”, en el sentido de que grava a la clase alta (accionistas, dueños de dos casas y usuarios de telecable) y a los jugadores.

Durante su primer gobierno Leonel Fernández creó un Frankestein con las miles de bancas de apuestas, lo que no sólo empeora la distribución del ingreso y aumenta la pobreza, sino que ha creado una clase social con gran capacidad para influir políticamente. ¿Qué pasaría si estos “nuevos empresarios” logran que el Congreso no los grave pero sí grave a la banca comercial? En otras sociedades el grueso de los beneficios de los juegos de azar llega a los pobres e incapacitados.

Es cierto que la banca comercial ha tenido utilidades que en casos importantes llegan a más del 30% del capital y reservas,  pero gravarlas con un impuesto sobre los activos no es científico, ni técnicamente correcto.  En otros países lo que se ha aplicado es una sobretasa al impuesto sobre la renta.

Algunos congresistas han sugerido, como alternativa al paquete, más endeudamiento. No sólo lo objetaría el FMI, sino que sería inmoral pues se difiere el problema a los próximos gobiernos y generaciones, si no, pregúnteles a argentinos y griegos.  La real alternativa es la austeridad, tanto en el gasto corriente, como en la inversión.