DARÍO MELÉNDEZ
Aunque es costumbre ancestral de la humanidad poner en manos del Estado las riquezas nacionales, las finanzas y la política nunca han logrado coincidir; las normas morales en el comercio, son rígidas, escuetas y específicas. En la política, los subterfugios y maniobras que caracterizan la demagogia, son siempre ambiguas, evasivas y esquivas. Nadie con una moral arraigada puede dedicarse a la política activa, los gobiernos los constituyen personas dispuestas a ejercer sus funciones como dé lugar y negociar conforme se presenten las circunstancias, sin observar normas morales.

Maquiavelo expone que el príncipe no está sujeto a moral alguna. Según el filósofo florentino los políticos son todos príncipes en sus áreas de influencias.

La lucha que libran los funcionarios de la justicia para que políticos comprometidos con el mandato de las leyes, se presenten y respondan por sus hechos, es una tarea ardua e ingrata. La mayoría de los delitos políticos tienen el mismo motivo: el crimen, el fraude y la prevaricación cometida por el generoso funcionario, benefactor de desvalidos, autorizado por la política a matar, favorecer y proteger adeptos, en contra de las leyes y la justicia, sin cuya actuación no gana ningún partido.

En las elecciones, la ciudadanía vende los votos al mejor postor, es la canallada manifiesta, sin ella no se consigue el apoyo necesario para arribar a los costosos puestos de mando que se rifan en unas elecciones, resultando los elegidos con poder para continuar la práctica consuetudinaria que les lleva al gobierno, constituyéndose en padrinos de sus adeptos y de los que se agregan, los cuales representan el alto costo a pagar por los escasos electores en actividad productiva. Cuando la justicia reclama a un político que rinda cuenta de sus actuaciones, hay mil y un subterfugios que obvian cualquier responsabilidad civil o penal que contraigan, la ley se torna elástica y el juez no puede aplicarla porque las circunstancias atenuantes son abrumadoras.

El Gobierno Nacional, cuya finalidad es mantener organizada la ciudadanía, desde sus inicios ha resultado demasiado costoso y muy controlado. El costo financiero del gobierno dominicano, que promueven y mantienen los gobernantes de turno, si se compara con el poder adquisitivo y el nivel de vida de la ciudadanía, acusa una relación desproporcionada y depauperante.

No se puede comparar el costo de gobernar un país pequeño y pobre con naciones pequeñas y desarrolladas como Luxemburgo, Dinamarca o Finlandia, ni estatizadas como Cuba, debe tenerse en cuenta que el poder adquisitivo de la familia dominicana no puede darse el lujo que puede exhibir un país altamente productivo como Taiwán, Singapur o Hong Kong; aquí se mantiene un tres gubernamental que emula una gran nación, con infinidad de dependencias oficiales y un presupuesto que excede con creces la capacidad contributiva de la ciudadanía, lo que obliga a seguir endeudándose. Eso se arrastra desde antaño, Lilis recurrió a múltiples préstamos y a la emisión indiscriminada de papel moneda, práctica que se inició en los albores de la independencia y prevalece invariable en nuestros días. La intervención financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI), es la reedición de las intervenciones financieras que han embargado el país desde su independencia. Durante el período de 1984 a 1989 se sucedieron múltiples maniobras gubernamentales, para manejar el comercio y las financias nacionales; desde retirar de circulación el papel moneda haitiano, que utilizada como signo monetario el país, con la primera emisión de RD$150,000 en papel moneda dominicano, dictándose la prohibición, bajo pena de confiscación y multa, a la utilización de las monedas de oro, plata y cobre, así como las barras de oro y plata, medida antieconómica y altamente dañina, disponiendo guardar las monedas de valor y echar a circular papel moneda. Así sucedieron infinidad de emisiones monetarias cuyo daño al comercio nacional resultó inconmensurable, recurriendo la población a enterrar sus monedas, viéndose obligados los gobiernos a recurrir, como ahora, a los empréstitos internacionales práctica que se mantiene, con las consecuencias de todos conocidas.

Los bonos del Tesoro negociados con los bancos de España, Francia e Inglaterra, en el Siglo XIX, por los gobernantes dominicanos, para mantener su tren de lujos políticos, se reeditan hoy día con bonos enajenados a entidades financieras internacionales para cubrir gastos de Estado, la situación no ha variado un ápice.

En 1868 se negoció un empréstito de $2,000,000 de dólares y el 1 de mayo de 1869 se contrató un empréstito de 520,000 libras esterlinas con la casa Hartmont y Cia. de Londres, poniendo en hipoteca al Estado Dominicano. (Véase Antonio de la Rosa. Las Finanzas de Santo Domingo y el Control Americano, Soc. Dom. De Bibliófilos Inc.).

El fabuloso costo estatal acarrea la agobiante miseria que sufre la población, impuesta por gobiernos y prestamistas que ponen dinero en manos de gobiernos derrochadores, cuyo aval es el control del comercio y las finanzas nacionales, gobiernos que representan y garantizan valores invertidos por entidades financieras foráneas, cuyo costo recae sobre la población desvalida, anulando de paso la soberanía nacional.

Resulta evidente que el costo del gobierno dominicano no lo puede pagar el pueblo.

El tren de gastos estatales que se estila y la informalidad mantenida, están por encima de las posibilidades financieras y las condiciones morales del ciudadano dominicano, el costo del gobierno enajena la independencia nacional a entidades financieras internacionales, que imponen las condiciones al desenvolvimiento comercial del país, mientras la política prevaleciente corrompe la moral ciudadana. La política tiene como única finalidad administrar los fondos públicos; corrompida por la abundancia de recursos financieros, que se recaudan y se ponen a disposición de los elegidos, propicia que la Nación sea vendida y vuelta a vender, sin que se vislumbre una posible liberación comercial del país.

Se requiere el establecimiento de un tope al costo estatal, conforme a las posibilidades de la ciudadanía, cuyo gasto para la organización gubernamental esté acorde con los recursos aportables.

Pretender extenderse más allá de lo que la sábana permite, es descubrirse y exponer la población a las inclemencias de la pobreza.