Sin duda, la propuesta de devolver al trabajador el 30% del ahorro acumulado es una clásica política popular. Parece que algunos legisladores han visto la crisis sanitaria como una oportunidad para poner en práctica política populista.
Con la paradoja de que es contraria a los intereses del trabajador, porque de retirar los fondos la pensión se reduciría en un 25%, y para evitarlo, tendría que dilatar la edad de retiro. Y no estaría recibiendo nada de importancia, no es verdad que recibiría el equivalente a 2 o 3 meses de sueldo, como mucho el afiliado en la seguridad social obtendría 1.8 veces (RD$171 mil millones entre 3.8 millones de afiliados) su salario medio mensual de RD$25,612 a final de febrero.
El costo sería muy alto para la economía. Si por la crisis sanitaria se estima que en producción perdemos alrededor de doscientos setenta mil millones de pesos, un 5% del PIB, y el déficit fiscal sube a 2.5 puntos porcentuales, como consecuencia de una mayor caída del crecimiento, el FMI y Cepal pronostican estancamiento en 2020, y la inestabilidad macroeconómica que conlleva, el costo para la sociedad podría ser varias veces más si se aprueba la clásica propuesta populista, simplista, miope y profundamente equivocada de modificar la Ley No. 87-01.
No obstante la economía desacelerar entre abril y junio respecto al primer trimestre que creció alrededor de 5%, este año podemos crecer alrededor de 3%, asumiendo que los últimos dos trimestres son buenos por fuerte empuje del crédito bancario.
No debe olvidarse que nuestra economía, con elevada tasa de informalidad laboral, que ahora se convierte en característica positiva para el crecimiento, se apoya en una robusta base de consumo interno, lo que es esencial para la rápida recuperación en V como dicen los economistas.
Son dos condiciones que garantizan el aumento del PIB desde que se inicie la reactivación progresiva de los sectores productivos, especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, recordando, además, que tenemos un sector financiero sólido, que aplica un conjunto de medidas del Banco Central que estimulan los préstamos al sector privado. Si se preserva la confianza de consumidores y empresarios, podemos regresar a la senda de crecimiento con tasa cercana al potencial en 2021.
Finalizo reiterando que atenta contra el crecimiento del PIB, creación de empleos y la estabilidad macroeconómica, el absurdo poner a circular de un fuetazo más de ciento setenta mil millones de pesos, el 30% del ahorro acumulado (RD$569,900 millones a final de febrero) en el Sistema de Seguridad Social, recordando que no están en una gaveta, habría que desinvertirlos.
Razón por la que el gobernador del Banco Central reaccionó con rapidez, evidenciando ser consciente del peligro de la iniciativa. En su artículo publicado la semana pasada sintetizó las consecuencias negativas: aumento brusco del consumo en un escenario de caída de la oferta por la crisis sanitaria; alta inflación que reduciría significativamente el poder de compra del salario del trabajador; exceso de demanda de divisas que alteraría el equilibrio del mercado cambiario; aumenta del tipo de cambio; fuga de capitales y menos inversión extranjera por la incertidumbre.
Como nadie quiere estas consecuencias, los senadores deben rechazar el proyecto de modificar la Ley No. 87-01.