Es un hecho, revelado por todas las encuestas, del astronómico nivel de aceptación de la gestión del Presidente Danilo Medina. Con ese aval y la dispersión de la oposición ganaría en primera vuelta, quizás con una votación récord en el país, y de seguro seguiría realizando una magnífica gestión; pero existe un impedimento constitucional, además la aritmética de la asamblea no le favorece y por ello pesa sobre esa modificación elementos de tipo ético.

Cuando recientemente el Consultor Jurídico y prestigioso dirigente del PLD, César Pina Toribio, declaró que “no había tiempo para la reelección”, de seguro lo hacía consciente de los diferentes pasos, leyes y plazos que deberían transcurrir y que fueron brillantemente expuestos por el Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Se requiere de cinco leyes, un referéndum (Art. 272 de la Constitución), para conocer de los votantes su opinión sobre una modificación constitucional, cuya ley no ha sido conocida por el Congreso a pesar de haber sido sometida por la JCE, y en adición se requieren entre 500 y 800 millones para celebrar dicho referéndum.

Con la voluntad política es posible lograr la aprobación de la ley que declare la necesidad de la reforma ( Art. 270), pues solo se requiere la tercera parte de los votos de los miembros de ambas cámaras, también sería posible conocer y aprobar al vapor la “Ley General de Referéndum”, y con voluntad política aparecerían los 500-800 millones para realizarlo (los mismos fondos que le fueron negados a la JCE en la Ley de Presupuesto de este año); sin embargo el obstáculo mayor, especialmente por razones éticas no prácticas, sería resolver el problema de la aritmética de la asamblea, pues es necesario contar con una mayoría equivalente a las dos terceras partes de los votos (Art. 271).

Sin necesidad de repetir la contabilidad que varios analistas han realizado, los adeptos a la reelección no cuentan con esa mayoría. En un escenario ficticio, en el cual los dos grandes líderes del partido se pongan de acuerdo y Leonel Fernández ceda su derecho, constitucional y por mayoría, de ser candidato y cambie de opinión sobre el criterio de que las modificaciones no deben hacerse para beneficiar al incumbente. De hecho Leonel Fernández rechazó en dos ocasiones, 1999 y 2011, hacer de la Carta Magna un traje a la medida de sus intereses. Aun en ese escenario ficticio se necesitarían entre 20-24 votos de la oposición para modificar la Constitución.

¿Cómo se consiguen esos votos? Justamente es ahí donde radica el tema ético, pues esos votos se obtienen mediante la compra de legisladores, como ocurrió en la modificación de 2002, donde un banco posteriormente quebrado, aportó los recursos para agenciarse esos votos y fueron tan convincentes que varios diputados del PLD desconocieron la línea del Comité Político de votar en contra de esa reforma.

¿Estaría dispuesto el presidente Medina a transitar el mismo camino de Hipólito Mejía que luego reconoció que fue un error? ¿No sería continuar lo que está mal?

¿Estaría dispuesto el presidente Medina a lanzar al vacío su prestigio de hombre de palabra, sus consignas de transparencia y honestidad a cambio de cuatro años más?

¿Estaría dispuesto el presidente Medina someter al país al trauma de un debate constitucional y la posibilidad de dividir el único partido garante de la estabilidad democrática y económica?

El Presidente Danilo Medina sabrá en su momento, como él mismo lo afirmó, hablar al país y estoy plenamente convencido que cerrará el paso a la intentona de modificar la Constitución y saldrá por la puerta grande el 16 de agosto de 2016, con el mayor nivel de aceptación que Presidente alguno haya recibido y con una obra de gobierno histórica que lo convierte en la opción con mayores posibilidades, quizás la única, para los comicios de 2020. Danilo Medina supo esperar pacientemente 16 años para lograr la presidencia. Cuatro años, con un gobierno de su partido continuando el progreso, pasan muy rápido.