Un ascendente Producto Interno Bruto coloca a República Dominicana entre los países de la región que aciertan en recuperarse de la crisis global por el coronavirus.

El don de la resiliencia se hace evidente con el dinámico relanzamiento del turismo y de zonas francas y la significativa transferencia de moneda fuerte que llega desde la diáspora que revela muy productivos a los dominicanos ausentes.

Han sido de aciertos las políticas monetarias, financieras y fiscales en reactivar la economía aunque para ello el Estado sigue basándose en endeudamientos y en despojarse de ingresos tributarios en favor de los medios de producción mientras destina más recursos a mitigaciones sociales y urgencias sanitarias mediante una importación de vacunas que ha salido más cara de la cuenta por la incertidumbre que hacía temer que la nación quedara sin la disponibilidad de inmunización por la competencia de gobiernos poderosos y la inseguridad de los suministros por parte de pocos fabricantes.

Además, la caída y encarecimientos del transporte marítimo, escasez de materias primas y súbita demanda mundial de artículos que presionan al alza han sido poderosos factores inflacionarios, males importados que ponen en riesgo logros locales contra los trastornos experimentados por la pandemia.

La recuperación de la economía ha tenido un costo elevado que multiplica compromisos y desafíos al Estado, con el resto del mundo en malas condiciones, incluyendo retrocesos en el control del virus SARS-CoV-2. En el país el crecimiento es favorable pero la redistribución del ingreso no. Por el contrario: en la clave de la recuperación de actividades productivas y comerciales predomina la fórmula de ganar más invirtiendo menos en recursos laborales, retrasándose en la reposición de empleos y en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados sometidos a un mayor costo de la vida y con un Gobierno que carga pesado también, llevado forzosamente a querer quedar bien mediante un paternalismo del que se benefician incluso las empresas. Esto cuesta demasiado y obliga a pactar reformas inmediatas que pongan fin a los desequilibrios en el acceso a recursos y a las desigualdades sociales.

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