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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Solo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8 por ciento, según las cuentas del Banco Central, salva la cara a este 2005, que pasará a la historia nacional como el año de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Este año marcó profundas decepciones por la falta de prioridades y transparencia gubernamental, escasos avances en combatir la corrupción, por el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia criminal, sin que las autoridades hayan podido convertir en realidad los planes anunciados.
Aunque los principales partidos políticos realizaron esfuerzos por reformar sus estructuras y renovar sus dirigentes, sus extensas campañas internas para elegir candidatos y el mercado público en que convirtieron las negociaciones para alianzas de cara a las próximas elecciones han seguido marchitando su imagen.
Milagroso crecimiento económico
Que este año concluya con un crecimiento del producto interno de un 8 por ciento, entre los más altos del mundo, con inflación de un solo dígito e incremento de las reservas de divisas, pese a la crisis del 2003-04 y al desproporcionado aumento de los precios del petróleo, que han promediado cerca de los 60 dólares el barril, constituye un milagro económico.
Esos datos ofrecidos por el Banco Central son más sorprendentes por cuanto la generalidad de la población no advierte las consecuencias de tal crecimiento, como ha quedado patente en las encuestas, y por el registro de un creciente desempleo, que en las zonas francas y el turismo alcanza a decenas de miles de trabajadores.
No han faltado quienes cuestionen las cifras oficiales, como lo hizo recientemente el exgerente general del Banco Central Apolinar Veloz, quien sostiene que son fruto de la reposición de métodos de medición que habían sido superados y cambiados en la gestión precedente.
De cualquier forma es indiscutible que las autoridades han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en un marco singularmente desfavorable. La tasa cambiaria que comenzó el año en 31.50 pesos por dólar, y que a mediados de abril descendió hasta 28.30, concluye diciembre entre 33 y 34 pesos por dólar. Las mediciones oficiales reportan una inflación del 8 por ciento.
Es relevante que este año las autoridades no incrementaran el endeudamiento y mantuvieran reservas fiscales, cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque la varita mágica pudo haber sido la renegociación de las deudas con el Club de París, con tenedores de bonos y banca privada por más de mil millones de dólares.
Para algunos analistas esos parámetros se explican también en el mantenimiento de un peso sobrevaluado, a costa de los exportadores y de los 900 mil adultos que reciben remesas del exterior, estimadas para este año en unas 3 mil millones de dólares, y que tuvieron que cambiarlas con pérdidas que se llegan a calcular sobre los 20 mil millones de pesos. Eso explicaría, en parte, el grito de que hubo poco circulante y la alta proporción de los que opinan en las encuestas que el país va por rumbo equivocado.
Pero en términos económicos el mayor problema del año fue el no haber enfrentado el déficit cuasifiscal del Banco Central, que sigue pendiendo como amenaza sobre la estabilidad macroeconómica. La reducción de las tasas de interés desaceleraron el crecimiento de ese déficit, que ya alcanza casi 150 mil millones de pesos, representando más del 40 por ciento del presupuesto proyectado para el 2006.
Decepciones y frustraciones
Los asuntos que dominaron el debate nacional a lo largo del año que concluye fueron decepciones y concluyeron en nuevas frustraciones, relevándose lo que Participación Ciudadana diagnosticó ya en mayo como falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión, junto a un proceso de descomposición moral en la vida pública y privada.
El primer tema dominante con que comenzó el año fue el llamado escándalo Quirino, originado en la incautación de 1,200 kilogramos de cocaína el 18 de diciembre del 2004, cuyas ramificaciones aún no han sido despejadas completamente, faltando aún por establecer si hubo cómplices en las esferas gubernamentales, del antes y de ahora.
Como era convencimiento general que nuestras instituciones judiciales no tienen integridad y capacidad para juzgar un caso de esa magnitud, hubo que resignarse a que el principal acusado Quirino Ernesto Paulino y una docena de los involucrados fueran extraditados a Estados Unidos.
Otro tema que dominó durante la segunda mitad del año fue el de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y la reforma fiscal que le era consubstancial para compensar al fisco por la reducción de ingresos aduanales y de la comisión cambiaria y para mejorar la competitividad de los sectores productivos.
Muy temprano se evidenció que la reforma no abarcaría todo lo fiscal, como reclamaba gran parte de la opinión pública, sino simplemente una modificación impositiva más. Después de más de dos meses de negociaciones en torno al Diálogo Nacional, el consenso que se anunció, y que al principio fue tan solo entre el gobierno y el empresariado, se deshizo cuando la pieza era considerada, por tres meses, en la Cámara de Diputados. El proceso excluyó a los sectores sociales y sindicales, dividió al empresarial y dejó insatisfecho al gobierno, que en la recta final impuso nuevos gravámenes rechazados hasta por la cúpula empresarial del consenso.
Como colofón, el gobierno anuncia que mantendrá por algún tiempo un recargo cambiario del 9 por ciento, lo que nuevamente rompe la institucionalidad y remite a una confrontación con el Congreso, mientras se informa que las autoridades procuraran que el tratado de libre comercio no entre en vigencia hasta julio.
El metro y la isla artificial
El inicio de un metro en la ciudad capital, que gran parte de la opinión publica considera no prioritario en las actuales circunstancias, y el contrato que autoriza la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo dominaron también gran parte del debate nacional.
En los primeros meses del año el presidente Leonel Fernández planteó la construcción del metro y luego pareció aceptar el rechazo generalizado, que incluyó al Consejo Económico, Social e Institucional que él mismo instituyó. Pero ya en octubre el proyecto fue retomado e iniciado como tantas otras obras sin suficiente transparencia, sin todos los estudios de factibilidad ni presupuesto.
La isla artificial ha tenido un rechazo aún mayor, agravado cuado se conocieron los términos de la contratación que incluyeron garantías del Estado hasta por reducción de su factibilidad económica. Al final del año el proyecto luce en proceso de desarticulación con la renuncia de los asociados dominicanos.
La falta de prioridades, de concursos y de transparencia en la inversión pública causó escándalos en el lujoso mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Biblioteca de la Universidad Autónoma, en la compra de un edificio para Aduanas por mil millones de pesos, en el aporte de 25 millones de dólares a un hospital privado en Santiago y finalmente en el concurso para la instalación del propio portal para la transparencia del gobierno. Todo eso mientras la educación y la salud seguían relegadas y se daba cuenta de la existencia de más de mil 200 obras inconclusas.
Abundantes insatisfacciones
El gobierno ha tenido buenos desempeños en el aparato recaudatorio, en el mejoramiento de la administración pública, en las secretarías de Educación y Salud Pública, a pesar de sus limitaciones presupuestarás, pero ha dejado frustraciones al no poder enfrentar la eterna crisis energética.
Mas allá del discurso y las promesas, la realidad es que no arranca una verdadera política de seguridad ciudadana que enfrente con eficiencia la creciente delincuencia y la violencia. Los recursos solo han alcanzado para el kilómetro y medio cuadrado del barrio capitalino de Capotillo. La Policía sigue esperando los vehículos, equipos de comunicaciones, laboratorios, el personal y el aumento de sueldo del 40 por ciento consignado en el decreto 145-05 del comienzo de abril. El resultado ha sido el incremento de la delincuencia y los intercambios de disparos que este año arrojarán cerca de 500 muertos, a pesar de la contención de los últimos dos meses. El año concluye sin que se haya adelantado significativamente en la sanción de la corrupción pública y privada que tanto ha contribuido a la pobreza nacional, y sin que se aprobara la prometida nueva ley de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y las compras del Estado. Ni siquiera se ha emitido el decreto puente elaborado al efecto por la Comisión Nacional de Etica que instituyó el presidente Fernández.
Finalmente la política siguió generando decepciones. Los partidos dominantes comenzaron el año con un esfuerzo de reformas estatutarias para mejorar su democracia interna y con la renovación de sus cuadros directivos. Pero una prematura y prolongada campaña interna para elegir candidatos para las elecciones de mayo y el mercado público que montaron para abordar posibilidades de alianza, sembraron nuevas decepciones y frustraciones.
El 2005 termina sin que se implementara el 8 veces aplazado seguro familiar de salud y desafiando la capacidad de los dominicanos y dominicanas para el optimismo y la esperanza.
