Don Diego de Moya Canaán pide que se autorice la extensión del período de pago de los créditos hipotecarios. Con su propuesta se adelanta a un potencial descalabro de una de las más activas operaciones de producción de entre todos los sectores de la economía.

Con el aumento de las tasas de interés, muchos compradores podrían volverse pagadores morosos. Y en el peor de los casos, cancelar la compra. Y estas situaciones son las previstas por don Guin, y que él desea se eviten. Respaldo la propuesta de don Guin, y les diré por qué. Tengo, no obstante, una propuesta adicional.

Hace pocos meses se incentivaba a los potenciales adquirientes de viviendas a concertar contratos con financiamiento bancario. Se comparaban esos costos del dinero con los aplicables en otras operaciones. Se aseguraba que los destinados a viviendas eran los más bajos intereses del mercado. El gerente general del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y de la Producción pedía que para incentivar la economía, se redujesen esos costos del dinero. Y de pronto, la escalada actual.

En una nación con un cierto ordenamiento jurídico, por encima de muchos contratos entre partes, que por lo general son de adhesión, lo que ocurre se reputaría como estafa. Y cabrían acciones de vindicación de esos bienes jurídicos burlados. Pero estamos aquí, en donde cada quien hace cuanto le da la gana. Si no hace un chin más. De manera que cuanto cabe es salvar esas decenas, tal vez miles de operaciones concertadas cuando se promovían los más bajos intereses en la compra de viviendas.

De ahí la pertinencia de cuanto sugiere el veterano constructor. Y ahora, mi sugerencia. La Constitución de la República establece que es de alto interés del Estado que los dominicanos se cobijen en techo propio. Rafael L. Trujillo inició construcciones como la del Barrio de Mejoramiento Social o María Auxiliadora, y los Ensanches Luperón, La Fe, Ozama y otros en la capital. Fomentó un programa de construcciones de menos calidad exclusivo para docentes, en todo el país. Pero correspondió a Joaquín Balaguer erigir la mayor cantidad de techos habitables de que se tenga noticia.

La Constitución no ha dejado de sostener este paradigma social. Pero la vivienda se ha hecho incosteable para la clase media baja, e inalcanzable para los pobres. Cuando Franklyn Delano Roossevelt decidió romper con la gran depresión, inició programas de inversión en infraestructura social por todo el territorio de su país. En tono de mofa, sus adversarios llegaron a decir que tumbaba edificaciones erigidas para construir nuevas. Roossevelt ofreció nuevo aspecto a algunas de las grandes ciudades estadounidenses, y, para repetir la historia, aquellos edificios de viviendas se han tumbado en años recientes para dar paso al lujo que prevaleció hasta hace poco.

¿Cuál era el meollo de esa política? Las facilidades. Los intereses. El comprador de una casa suburbana o de un departamento citadino sabía que disfrutaría de pagos a largo plazo e intereses muy bajos. Hasta que los otros intereses distorsionaron el mercado y condujeron a la crisis actual, esta política prevaleció invariable. No pido tanto. Pero al seguir las huellas de la sugerencia de don Guin pienso no en el largo plazo, sino en el largísimo plazo, que permita a familias bien avenidas hacerse de un techo propio.