El  asesinato de la farmacéutica Teresa Batista Matos y de sus empleadas Josefina Suero Contreras y Lourdes Valenzuela, así como las severas lesiones ocasionadas  al doctor José Vicioso, esposo de la farmacéutica,     es un hecho emblemático que pone de manifiesto el grado de  inseguridad ciudadana y cuán grande es el desafío a que está sometida la autoridad. Ni siquiera la paz del hogar escapa de la arremetida criminal de gente que no vacila en segar una vida sin discriminar edad ni sexo.

Quienes cometieron este horrendo crimen, empujados aparentemente por el interés de robar dinero y pertenencias,  deben ser profesionales de la maldad con un abultado prontuario de actos viles en perjuicio de vidas y propiedades.  Hechos como éste nos ponen ante la realidad de nuestra vulnerabilidad como miembros de una sociedad a la que se le exige que tribute más y más, pero a la que no se le devuelve ni siquiera con servicios  elementales de protección y seguridad.

El Ministerio Público y su auxiliar la Policía Nacional, tienen que dar respuestas contundentes a una sociedad en zozobra por el asedio de la delincuencia. Lo menos que se puede esperar es que  la autoridad desafiada sea capaz de impedir que estos asesinatos queden impunes y asegurar que sus autores pasarán en la cárcel todo el tiempo que permite la ley.

Empantalonada y con justa razón

La puntualidad del Ministerio Público en el cumplimiento de los plazos dispuestos por las pautas procesales relativas a la investigación, es un factor determinante en la conclusión a que puedan arribar los casos de naturaleza penal. En estos tiempos en que la criminalidad acosa a la sociedad y desafía a la autoridad, es necesario que los fiscales asuman la observancia de los plazos como un compromiso ineludible.

En esa tónica, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ha hecho bien con “enpantalonarse” y advertir a los fiscales de  su jurisdicción que serán destituidos si no cumplen los  plazos de las investigaciones de que estén apoderados. La advertencia procura que, en ningún caso, una falla en la gestión del Ministerio Público sea la causa de decisiones en beneficio de inculpados a los que las evidencias señalen ostensiblemente como culpables de los actos puestos a su cargo.