La sensación de temor que se vive en cada rincón de la República Dominicana, por una indetenible criminalidad, que parece ganarle la guerra a los organismos de seguridad del Estado, no es más que el resultado de una expansión del crimen organizado a lo largo de dos décadas, y cuyo telón de fondo es el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico ilícito de personas y de armas.
Esa plataforma de acciones delictivas, con un manto de impunidad que no es casual, ha permitido que los capos de las drogas enseñoren sus fortunas, que ocurran masacres como las de Paya, Baní, o que el narco José David Figueroa Agosto se regodeara con el poder durante diez años, por solo citar uno de tantos.
Con esos planteamientos iniciales la socióloga dominicana Lilian Bobea explica por qué en estos momentos el país cosecha los lodos de complicidades policiales y militares con el crimen organizado, asaltos a cualquier hora del día con víctimas mortales, y un bombardeo de drogas para nutrir los mercados internacionales y el local.
La ocurrencia de tantas acciones delictivas “ponen de manifiesto que nuestro país nunca ha dejado de tener un lugar prominente en la cadena de valor de la economía ilícita de la región del Caribe. La República Dominicana continúa liderando el circuito del Caribe insular con la entrada y salida de drogas y dinero desde el territorio, y hacia puertos europeos y estadounidenses”.
“Estos son costos tangibles, pero también hay costos intangibles como el miedo, un sentimiento de acoso constante que impacta la movilidad física de las personas, el disfrute del espacio publico y consecuentemente, el deterioro de la calidad de vida”, afirmó.
Bobea, quien es experta en seguridad, expresó además que si bien el crimen organizado local tiene mucho que ver con redes de narcotráfico de Estados Unidos y Europa, también con las articulaciones que existen a lo interno de las esferas de control y de justicia.
“Es decir, con la DNCD, la Marina, las Fuerzas Armadas, los funcionarios judiciales, senadores, gobernadores y funcionarios que controlan los puertos y aeropuertos”.
A su juicio, “lo más determinante de ese intrincado desarrollo de la criminalidad compleja fue que la misma encontró su razón de ser en el ámbito público del Estado y la política dominicanos, es decir, al interno de instancias estatales y partidarias, con suficiente poder, influencia, y capacidad para articular consistentemente el ámbito de lo ilícito con el de lo lícito”.
El caso Figueroa Agosto es la muestra más emblemática para la catedrática, por sus altos niveles de complicidad con estamentos del Estado dominicano.
“Entre militares, policías y políticos debió producirse un acuerdo contractual implícito que tuvo el efecto de mantener la violencia bastante controlada hasta el final, cuando todo explotó probablemente por la precariedad de los acuerdos que se habían logrado mantener hasta ese momento entre los diferentes actores principales.
“El caso Figueroa Agosto ejemplifica un modelo de criminalidad muy organizada que se articuló entre grupos criminosos y sectores oficiales, especialmente dentro de la DNCD, la alta jerarquía policial y dentro del sistema de justicia.
Pero su capacidad operativa no quedó allí, dijo Bobea al destacar que también se expandió a los niveles intermedios, y bajos del Estado y por ende de la sociedad. “A lo largo de una década ese grupo creó otros grupos, como el Cartel del Cibao, que expandieron sus negocios con más violencia en los niveles mas bajos de la cadena”.
La tolvanera de Baní. El homicidio a principios de mes del coronel de la Policía Nacional Daniel Ramos Álvarez, del que se responsabiliza al presunto narcotraficante Rafael Antonio Díaz, crispó los ya tensos ánimos de una ciudadanía impactada por alrededor de 20 muertes violentas vinculadas a acciones delictivas, en los primeros días del año.
El referido crimen, ocurrido en Baní en un supuesto punto de drogas, provocó la inusual reacción del presidente Danilo Medina, quien atribuyó el auge delictivo a la presencia de dominicanos deportados de Estados Unidos por la comisión de distintos delitos, y al tráfico de drogas.
En ese contexto la queja común de la ciudadanía es la sensación de desprotección de parte del organismo llamado a garantizar el orden, y por otro lado, una respuesta oficial que todo lo atribuye a la percepción.
En ese sentido Bobea expresa que los sucesivos gobiernos dominicanos han manejado un discurso de humos y espejos, al utilizar la inseguridad como una ficha de campana para luego hacer caso omiso a la misma e incluso desmitificarla.
“La inseguridad objetiva, real, fáctica, ha crecido en República Dominicana, aunque los gobernantes digan que solo se trata de percepción y que se resume a problemas de convivencia. “Es cierto que una gran parte de la violencia tiene que ver con la convivencia; para nadie es un secreto que nuestro país tiene una de las tasas más altas de feminicidios y de abuso intrafamiliar.
“Y también es cierto que ciudadanos armados hacen que la conflictividad cotidiana se exprese de manera hiper violenta, pero lo que no dicen nuestros funcionarios y gobernantes es que las tasas de homicidios no son el único indicador de inseguridad en nuestro país, y por lo tanto, no puede ser considerado representativo del nivel de inseguridad y de la criminalidad expansiva en el país”.

La catedrática expresó además que, cuando el presidente Medina insiste en que el país tiene una tasa de muertes violentas por debajo del promedio de América Latina, “mi comentario es que esas cifras apenas reflejan la parte del vaso medio lleno”.
A su entender las estadísticas actuales no reflejan el nivel real de la criminalidad, porque cientos de víctimas viven diariamente hurtos, atracos a mano armada, extorsión de criminales y de funcionarios y policías. Bobea considera que hay un gran sub-registro porque mucha gente no se siente segura de recibir la respuesta adecuada en la Policía o en los estamentos de justicia.
“Por el contrario, la criminalidad en nuestro país es más visible que nunca, gracias a la accesibilidad que tiene el ciudadano dominicano a la tecnología portátil. El vídeo del asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez fue filmado y colgado en las redes sociales probablemente antes de que llegaran las autoridades al lugar del crimen.
“Toda la historia alrededor del caso, incluyendo la misma forma en como se desarrolló la acción y el escenario parece una semblanza Garciamarquiana de Crónica de una muerte anunciada”. Al hacer esos señalamientos a Bobea le parece una absoluta irresponsabilidad que la clase gobernante diga que la criminalidad es un percepción y que se trata de conflictos interpersonales.
Un fenómeno global. ¿La inseguridad y el exponencial crecimiento de la delincuencia es un fenómeno que solo afecta al país, o no es más que una extensión de la globalización del crimen organizado en la región, sobre todo por ese corredor de la droga que pasa inevitablemente por el país?
La respuesta de Bobea es que la inseguridad es un fenómeno inherente a la condición humana, lo mismo que la conflictividad, no así la criminalidad.
En ese sentido explicó que si bien el país registra tasas más bajas de criminalidad en comparación con otros de la región, como Guatemala, El Salvador y Honduras, destacó que estos han atravesado por procesos más complejos de conflicto armado interno, o de cartelización como en México y Colombia.
“Sin embargo, nuestra criminalidad es más congénita en el sentido de que se reproduce dentro del sistema de poder y se expande hacia distintas esferas de la sociedad.
“El auge de la criminalidad en nuestro país no se explica solo por los deportados, como recientemente afirmara el presidente Medina; hemos tenido deportados desde hace más de una decena de años y no existen pruebas de la correlación directa entre ambos fenómenos”.
Las causas del fenómeno también hay que buscarlas en la proclividad a acumular rápida y vorazmente, no importa el cómo, dijo.
“Cuando los ciudadanos aceptan como lógico que el partido que llegue al poder se sirva de él para sus intereses y los de sus acólitos, y que funcionarios cobren un 5% de los negocios que cristalizan, o que evadan el pago de impuestos, o que un juez venda su sentencia, o que oficiales en la frontera negocien con los traficantes, son condicionamientos que terminan relativizando la institucionalidad. “No hay nada global en eso, aunque pase en muchos países, las leyes existen para ser cumplidas”, refirió.