El crimen organizado se extiende en Guatemala

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Es apenas la hora del almuerzo de un martes, pero ya los cadáveres están empezando a amontonarse en la morgue de Ciudad de Guatemala. Tres de ellos, hombres entre 21 y 32 años son las víctimas de heridas de bala. Probablemente, otros dos también, aunque los médicos todavía tienen que confirmarlo: los cuerpos llegaron en un estado de descomposición avanzada.

Mario Guerra, el director del depósito de cadáveres dice que la tasa de asesinatos ha subido tan rápidamente en los últimos años que su personal no alcanza. “Tengo 10 médicos para enfrentar todo esto”, dice, frente a una vitrina con una estatua de la Virgen María con las manos juntas. “Pero si tenemos que hacerlo necesitaríamos entre cinco y diez más”.

En 1996, cuando Guatemala surgió de una sangrienta Guerra civil que duró más de 30 años, la gente pensó que los acuerdos de paz entre el gobierno y los rebeldes de izquierda traería el fin de la violencia.

Poco más de una década más tarde, el crimen en espiral vinculado a las drogas ha demostrado que estaban equivocados. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 6,033 personas fueron asesinadas el año pasado –13% más que en 2005, y más alto aún que durante el conflicto.

Frank La Rue, director de la comisión presidencial de derechos humanos, admite que la situación es aguda. “El crimen organizado está apoderándose del país”, dice.

El problema de la seguridad ya está empezando a dominar las campañas para las elecciones de septiembre, mientras que los gobiernos vecinos, como el de México al Norte, han expresado cada vez más preocupaciones de que las cosas se puedan salir de control.

La fuente más visible de las muertes son las pandillas de jóvenes, conocidos como “maras”, que también operan en Honduras, el Salvador y algunas partes de México. Estimados de su número varían mucho, pero algunos alegan que hay 200,000 miembros de pandillas en Guatemala. Hasta las cifras más conservadoras del gobierno, entre 20,000 y 50,000 sugieren que hay significativamente más maras que policías.

Iván Eduardo García, un consultante del PNUD en Ciudad de Guatemala, dice que la falta de oportunidad de empleos, instalaciones educacionales y espacios recreativos están situando a dos millones de jóvenes más en el riesgo de incorporarse a las bandas. “Están sentados en sus casas sin tener qué hacer”, dice. “Pero son muchachos y se sienten aburridos y frustrados”.

En El Limón, un barrio pobre de los suburbios de la capìtal es demasiado fácil ver el problema. Viviendas destartaladas, por lo general de una sola habitación, se amontonan unas sobre otras, de manera precaria en las laderas de las colinas. Hay solo dos escuelas, con capacidad para menos de 2,000 estudiantes en una población de cerca de 35,000, alrededor de 70% de los cuales están en edad escolar.

Durante varios años, Celeste, de 18 años, ha estado estudiando en Ceiba, una organización no-gubernamental que hace lo que puede por compensar el déficit educacional en El Limón.

Cada día realiza el viaje en autobús de media hora hasta las oficinas centrales de Ceiba –un recorrido de 15 minutos a pie desde su casa, pero que ella dice es demasiado peligroso para recorrerlos caminando– para estudiar diseño en internet. Y cuando se gradúe, tiene la intención de dedicarse a eso profesionalmente. Sin embargo, ella sabe que es una de los pocos afortunados. “Muchos de mis amigos se unieron a los maras. Dos de ellos ya están muertos”, comenta.

Dicen los expertos que las pandillas no son más que los soldados de “a pie” del crimen organizado, que se ha vuelto rico con el comercio ilegal de drogas y que ha infiltrado varias instituciones estatales, incluyendo la Policía.

El problema ha adquirido una urgencia mayor desde el aparente descubrimiento de escuadrones de la muerte operando dentro de la fuerza, después que cuatro oficiales fueran acusados en febrero de matar a tiros a tres congresistas de El Salvador, con su chofer. Muchos analistas políticos y funcionarios del gobierno insisten que que los oficiales que después fueron asesinados cuando estaban bajo custodia, estaban en la nómina de los carteles del contrabando de drogas.

Eduardo Stein, el vicepresidente, admite que el incidente fue un golpe, “Sentíamos que estábamos avanzando, al ir limpiando gradualmente la fuerza policial”, dijo al Financial Times. “Esto fue un revés terrible”.

Mientras la carrera presidencial del país va tomando forma paso a paso –la campaña oficial empieza en mayo–, los candidatos principales han hecho de la seguridad una prioridad. Pero mientras están ocupados elaborando propuestas, la mayoría de los expertos concuerdan en que no habrá una solución rápida.

Mejorar las oportunidades de educación para los pobres, arrancar de raíz la corrupción dentro de la Policía y otras instituciones, y hacer que el sistema judicial del país funcione –actualmente resuelve menos de 1% de los casos– requiere dinero, dicen ellos.

Sin embargo, el gobierno de Guatemala recauda impuestos equivalentes a solo cerca de 10% del producto interno bruto, uno de los más bajos de América Latina, y mientras que la recaudación está mejorando, la aprobación de una reforma de largo alcance ha resultado, hasta ahora, imposible.

La Rue no se hace  ilusiones con los resultados. “El gobierno ha logrado mucho en relación con los derechos humanos, pero no ha logrado casi nada en fortalecer la seguridad [—-] La conclusión es que el Estado es muy débil”.

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION