La trama que envuelve a la Cámara de Cuentas de República Dominicana es un hecho sin precedentes, de que el órgano constitucional de control externo de los recursos públicos esté siendo allanado por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, del Ministerio Público, y varios artículos del Código Penal, así como de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado.

Como dice su misión: Fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas vigentes, para informar oportunamente a todos los interesados. El pleno de esta Cámara de Cuentas, al parecer ha fallado a la misión, según adelantó el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

El magistrado Camacho dijo que la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema, y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Estas declaraciones hablan mucho de cómo andaban las cuentas del Estado dominicano.

Es inaudito que esté organismo sea investigado por delitos de obstrucción a la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

De ser así, los miembros de esta institución, Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, tienen que hablar muy claro con la justicia.

Ahora nos toca esperar por los sometimientos y que el PEPCA presente los expediente ante los tribunales, porque el país espera por la justicia para que actué ante este cuento de la Cámara de Cuentas.