La presentación de las ternas con las personas seleccionadas por la Cámara de Diputados para presidir la Cámara de Cuentas de la República Dominicana -CCRD- fue recibida con júbilo en el Senado. Era el tiempo de la renovación moral, de la descalificación para quien no hubiera gritado en la plaza pública “se van”. Momento de confesiones, alardes y traiciones para justificar designaciones. La selección tuvo como precedente el discurso del jefe de estado pidiendo la renuncia a los miembros de la anterior CCRD, luego de atribuirle complicidad con la corrupción administrativa. La airada solicitud fue en octubre del 2020, recién estrenado el mando, cuatro meses después se realizó el allanamiento en la sede del “órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”. La discutible acción permitió el inicio de “La Operación Caracol”, lenta como el molusco, pero suficientemente degradante para mortificar a los imputados.

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Los rumores de malquerencias en el nuevo órgano comenzaron pronto. El descaro e indiscreción de un miembro, alfil de los apóstoles de la ética, proveedor de información privilegiada a la vocería mediática, soporte del Cambio, era tema frecuente. La calle repetía la fascinación que el poder produjo a un delator premiado con el cargo, hasta sus patrocinadores comentaban sus desatinos. Para evitar males mayores fue redactado aquel convenio para la “Consolidación de una Cámara de Cuentas al servicio de la transparencia y la institucionalidad”. Los gestores del pacto olvidaron que el funcionamiento de la CCRD depende de la ley, no de acotejos amistosos. Los problemas continuaron, el presidente de la CCRD reveló su condición de “preso de confianza”. La crisis provocó que el mandatario cometiera un desliz y manifestara su preocupación con las ocurrencias en el órgano y revelara que “el Senado tiene algunas ideas sobre eso”. Entonces fue creada la Comisión especial para investigar las presuntas faltas en el pleno de la CCRD.

Comenzaron los interrogatorios y el atolondrado presidente de la CCRD declaró: “Si se dejan las cosas como están, la Cámara de Cuentas hay que cerrarla”.

El primer poder del estado, vacilante, no ha querido actuar. El titubeo comenzó con aquel insulto en forma de bizcochito obra del presidente del Senado, cuando miembros de la CCRD fueron a exponerles los inconvenientes en el pleno. Se multiplicaron las piruetas y la conclusión es que “no existen las condiciones para discutir el posible juicio político”. Completa el culebrón el archivo definitivo de la querella interpuesta por dos abogadas, empleadas de la CCRD, contra su presidente por acoso sexual. La juez de instrucción ratificó el dictamen del Ministerio Público que rechazó la tipificación de acoso, pero calificó la conducta del presidente “antiética y moralmente reprochable”. Vale recordar que “ser de reconocida solvencia ética y moral” es uno de los requisitos que la Constitución exige para pertenecer a la CCRD. Asombra que los veedores éticos no se percaten de tantos desaciertos e ignoren la comedia diseñada para esconder un drama. “Los errores subsanables” están convirtiendo en inservible el ordenamiento jurídico.