Impactan a la sociedad dominicana poderosos motivos para preocupaciones sin precedentes ante la magnitud de perjuicios al Estado atribuidos a actos de corrupción que el Ministerio Público se propone demostrar ante los tribunales; y para esta sociedad importa mucho que las alegadas pruebas y testimonios que sustentarían los cargos sean objetiva e imparcialmente dilucidados con el más absoluto respeto al derecho de defensa de los prevenidos situados en presunción de inocencia hasta sentencia definitiva.

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En el ínterin, el acontecer procesal no debería ser diana de un vendaval descalificador y subjetivo que al margen de las ponderaciones que solo corresponden a los honorables componentes del sistema judicial, pretenda su descrédito apoyándose en sectarismos partidarios. Juicio en paralelo sin togas ni birretes como si fuera posible condicionar con atroz presión el elevado objetivo de establecer responsabilidades en correspondencia con los hechos judicializados cuya mera presunción de que ocurrieran espanta a la República.

Para hacer posible que la verdad y la justicia brillen al final de un descomunal proceso, ningún ímpetu de solidaridad partidaria debe sobrepasar límites en evidente sobresfuerzo por resurgir indemne, política y moralmente, de graves incriminaciones de peculado a sus conmilitones. En teoría la inocencia sería tan demostrable como la culpabilidad si se deja actuar a la Justicia con absoluto apego al debido proceso que de ella se espera.