La garantía constitucional del debido proceso no es popular. Y es lógico que sea así: el populismo penal que nos arropa erosiona en la ciudadanía el sentimiento constitucional, la idea de que hay unos derechos que el Estado debe respetar a todo justiciable, no importa su origen social, su raza o sus ideas, no importa si es considerado inocente o culpable.

 Que el ciudadano de a pie no comparta la idea de que hay unos derechos del acusado irrenunciables es natural. Que el juez piense de igual modo es peligroso. Porque se supone que el juez es independiente precisamente para poder garantizar los derechos de las minorías, de los desagradables, de los malolientes, de los excluidos, de los presuntos inocentes odiados por el público y por la prensa. Cuando el juez abandona su independencia y su imparcialidad para convertirse en un ejecutor del deseo de venganza de la sociedad, entonces la justicia falta a su misión esencial que es sustituir la venganza privada para pacificar la sociedad.

 Hay quienes piensan que el Código Procesal Penal tiene como fin proteger a las víctimas. Eso es falso. Las víctimas son protegidas por el Código Penal en el momento en que el legislador decide considerar un ilícito conducta punible penalmente. Pero la legislación procesal penal protege al imputado de la violencia del Estado. Por eso las leyes reconocen el derecho de defensa, el derecho a la legalidad de la prueba, el derecho a no ser juzgado dos veces por una misma causa, el derecho a un juicio contradictorio y el derecho a un juicio imparcial. Todas esas son garantías del acusado y no de las víctimas. De ahí que el debido proceso hay que reconocerlo en todas las circunstancias y no solo cuando el imputado es percibido favorablemente o con ojos benignos por la sociedad.

 Los dominicanos hemos perfeccionado el arte de burlarnos de la más bella conquista de la humanidad que es el principio de igualdad. Las grandes revoluciones de la historia han sido hechas en nombre del derecho de las personas a ser tratadas sin discriminación. El reclamo de que todos somos iguales ante la ley es la reacción frente a miles de años de atropello y discriminación de mayorías y minorías. Pero los dominicanos, en un gesto de cinismo y de burla, como no somos capaces de lograr esta igualdad, lo que hemos construido es un régimen en donde todos somos iguales ante el atropello y ante la arbitrariedad.

 Es por ello que muchos en la prensa se regocijan cuando un ciudadano de las altas esferas de la sociedad es condenado penalmente, aunque ello haya sido fruto de un proceso ilegal y en violación a todas las garantías del justiciable. Lo que se afirma y se grita en la plaza es que por fin no solo los ladrones de gallinas son encarcelados sino también los criminales de cuello blanco. La idea detrás de este grito de los hombres mediocres es que, si se violan los derechos a los pobres, pues también hay que violárselos a los ricos.

 Pero una sociedad que solo puede lograr la igualdad ante el abuso porque no es capaz de conquistar la igualdad ante la ley no puede reclamar para sí el título de sociedad decente. Porque es una burla a las leyes, al natural sentimiento de solidaridad entre los seres humanos, alegrarse de los atropellos sufridos por los demás. Al menos los griegos, fueron lo suficientemente sinceros para canalizar el ánimo de venganza y la envidia de los ciudadanos frente a aquellos que sobresalían por su fortuna o sus logros mediante la institución del destierro.

En el reino del populismo penal en que vivimos, el juicio tiene como misión desterrar a los indeseables, canalizar el deseo de circo de los ciudadanos y lograr la igualdad por medio del atropello de todos. Pero ocurre que cuando se violan impunemente las garantías del proceso, se abren las compuertas para la tiranía. Hoy las víctimas de los abusos son los muertos en los intercambios de disparos y los banqueros. Mañana serán los opositores y los periodistas. Toda tiranía comienza seleccionando culpables favoritos. Al final, solo se salva la familia del Jefe.