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RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
A tres años de la administración del doctor Leonel Fernández puede exhibir como uno de sus logros macro-económicos haber agotado todas las fases del programa diseñado para afrontar el déficit cuasi-fiscal y colocar el problema en condiciones óptimas para ser resuelto de manera definitiva en la próxima década con la aplicación de la Ley de Capitalización del Banco Central.
El 16 de agosto del 2004, aparte de una inflación anualizada de 51.84%, tasa de cambio en 43×1, Reservas Internacionales Netas negativas en US$17.9 millones, un PIB estancado y suspendido el programa con el FMI, el gobierno heredó un stock de certificados y un déficit cuasi fiscal que parecía uno de los mayores problemas de la nueva administración y de cuya solución dependía en gran medida la recuperación y el mantenimiento de la estabilidad macro-económica.
Los certificados del Banco Central representan un instrumento de política monetaria y constituyeron la única opción de la pasada Administración Monetaria para neutralizar, por lo menos parcialmente, las masivas emisiones inorgánicas derivadas del pésimo e ilegal manejo de las quiebras bancarias. Al 16 de agosto del 2004 el Banco Central había emitido RD$89,438 millones en certificados (frente a RD$104,857 millones en inorgánicos) a una tasa promedio de 58.45% a julio del 2004, con un 56.45% de estos instrumentos con vencimiento inferior a 30 días, servicio de los intereses por RD$2,973 millones mensuales y un déficit cuasi-fiscal, como resultado del pago de los intereses, proyectado a diciembre por un monto superior a los 35 mil millones de pesos.
La reducción del déficit cuasi-fiscal necesariamente debía ser la principal prioridad de las presentes autoridades y al respecto la Junta Monetaria en su sesión del 28 de septiembre del 2004 aprobó la propuesta del Gobernador Valdez Albizu dirigida a una solución integral para la reducción del déficit, consistente en un primer pilar dirigido a reducir los intereses y extender los períodos de vencimiento, más otro pilar consistente en la venta de los activos de los bancos quebrados dentro de un nuevo marco jurídico-financiero aprobado por la Junta Monetaria el 23 de diciembre del 2004, incluyendo un comité presidido por el gobernador del Banco Central y tres miembros de la JM con la encomienda expresa de diseñar y dirigir los procesos de licitaciones públicas para la realización de los activos.
El primer pilar del programa para la reducción del déficit cuasi-fiscal ha sido cumplido a tal punto que las tasas de interés y los períodos de vencimiento contrastan con los heredados en agosto del 2004, presentando las Letras del Banco Central a julio de este año una tasa de interés promedio en las subastas de 8.7%, mientras el 71.9% de los instrumentos vencen entre 2 y 5 años, 19.6% vencen entre uno y año y medio, mientras apenas el 8.5% presenta un vencimiento inferior a los 180 días. Ese cambio del perfil de vencimiento y reducción de los intereses ha permitido que el déficit cuasi-fiscal en términos absolutos se haya reducido desde RD$31,176 millones en diciembre del 2004, a RD$25,979 en diciembre del 2006, mientras en términos relativos ha disminuido desde 4.0% del PIB a 2.5% en ese mismo período y las proyecciones apuntan para este año un cuasi-fiscal cercano al 2.2% del PIB.
En materia de ventas de activos el Comité Para la Realización de Activos (COPRA) ha convocado siete subastas públicas para la venta de inmuebles y cuatro licitaciones públicas para la venta de carteras de préstamos, generando dichas convocatorias ventas por un monto de RD$3,580 millones.
La reducción de la tasa de interés de los certificados y la venta de activos ha permitido reducir el déficit cuasi-fiscal, mientras la extensión de los períodos de vencimiento permite a las autoridades del BC ejecutar con mayor fluidez la política monetaria, pero la eliminación definitiva del déficit y el desmonte de los certificados demandaba de una tercera etapa y esa se comenzó a ejecutar el año pasado cuando el presidente Fernández designó una comisión de alto nivel, integrada por el secretario Técnico de la Presidencia, el de Finanzas y el Gobernador del BC, que con el apoyo de una comisión técnica del propio banco y la asistencia del FMI, diseñó la propuesta de un plan de recapitalización para dicha institución, y finalmente en julio de este año el Congreso aprobó la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo.
La Ley de Capitalización del Banco Central contempla emisiones anuales de bonos por parte del gobierno y el pago de los intereses al BC (desde 0.5% del PIB en este primer año hasta 1.5% del PIB) durante un período de diez años, lo cual permitirá en un momento del proceso que el flujo de recursos cubrirá la totalidad del cuasi-fiscal, permitiendo al BC iniciar el desmonte de los instrumentos, sea vendiendo los bonos en mercados secundarios, realizando activos o utilizando parte del crecimiento de la emisión monetaria para esos fines.
Esta administración de manera responsable asumió como un punto importante de agenda la solución del déficit cuasi-fiscal, reduciendo la magnitud del problema y legando un instrumento legal para especializar recursos fiscales para esos fines; por supuesto la eliminación definitiva dependerá en primera medida de varios gobiernos que cumplan con la Ley de Capitalización y además se mantenga el clima de crecimiento con estabilidad, como ha sido en estos tres años de gobierno.
