MIGUEL RAMON BONA RIVERA
(1 de 2)
En agosto del 2003, las autoridades del Banco Central admitían de manera oficial haber otorgado créditos para fines de liquidez al Baninter y los otros dos bancos en dificultades, por un monto equivalente al 14% del producto interno bruto. Ello en violación a la ley, que establece un tope máximo de financiamiento por parte del Banco Central que no podrá ser superior a una vez y media el capital pagado de la entidad prestataria, la cual deberá ofrecer a su vez una garantía colateral en cartera de bajo riesgo de no menos una vez y media el monto del préstamo.

Igualmente se violaba la ley monetaria y financiera en cuanto a la disposición que establece que los depósitos del público en los bancos comerciales estarán garantizados por el Banco Central, hasta un tope máximo de quinientos mil pesos por depositante.

El gobierno justificó estas medidas, aduciendo que tenía el deber de proteger a todos los depositantes, para evitar un contagio de pánico que arrastrara a todo el sistema financiero nacional.

Aunque una parte de ese dinero retornó de inmediato a las arcas del Banco Central a través de la llamada «Mesa del dinero», mecanismo mediante el cual diariamente los bancos comerciales depositaban en el Banco Central el dinero que recibían proveniente de los ex-depositantes del Baninter, a quienes el Banco Central les estaba devolviendo su dinero; no es menos cierto que esta emisión masiva de dinero inorgánico dio inicio a un proceso de devaluación reciente.

Las autoridades del Banco Central implementaron entonces una política agresiva de captación a través de la venta de Certificados de Inversión con el objetivo de reducir rápidamente la emisión monetaria.

Se lanzó en julio del 2003 una emisión de diez mil millones de pesos en Certificados de Inversión a una tasa de interés de 36% a 180 días. Esta tasa superaba en diez puntos porcentuales la tasa promedio de la banca comercial para los Certificados de Depósito. El público acudió masivamente a llevar su dinero al Banco Central. Nuevas emisiones fueron lanzadas posteriormente.

Para octubre del 2003, el Banco Central había captado un poco más de cincuenta y ocho mil ochocientos millones de pesos en certificados, mientras el financiamiento otorgado a los bancos quebrados había sido del orden de los noventa y un mil quinientos millones de pesos, quedando una brecha por cerrar de 32,700 millones.

Sumado al creciente financiamiento de los bancos quebrados, el pago de los intereses de los certificados emitidos por el Banco Central agravaba el problema del déficit cuasi-fiscal, a pesar de que el gobierno dispuso de una serie de medidas impositivas para cubrir el pago de dichos intereses. Estas medidas incluían un impuesto adicional del 2% sobre el valor CIF de las importaciones y un aumento a 10% de la comisión cambiaria que se cobra en aduanas; además de un aumento de diez dólares a la salida de pasajeros al exterior y una comisión de 0.15% del valor de cada cheque pagado a través de la cámara de compensación del Banco Central.

Salvo la comisión del 0.15% a los cheques, no está claro si el gobierno transfirió el producto de estas recaudaciones al Banco Central.

Para diciembre el monto del financiamiento interno del Banco Central (crédito a los bancos quebrados más pago de intereses al público) era de ciento seis mil millones, mientras las colocación de certificados apenas había alcanzado la suma de sesenta mil millones ampliándose la brecha a 46 mil millones de pesos.

Como consecuencia, el proceso de devaluación se profundizó. Iniciando el año 2004, en enero la tasa de inflación fue de 9.23% y en febrero de 11.25%, para una tasa acumulada de más del 20% en apenas los dos primeros meses del año. La tasa de cambio por su lado superó el 40 por uno.

En marzo, las autoridades del Banco Central lanzaron una política sumamente agresiva de captación, elevando la tasa de interés de los certificados de inversión a 50% anual para el plazo de treinta días, y 45% anual para sesenta días, renovables, mientras las tasas de interés de los certificados por subasta llegaban al 60%.

Como resultado, el Banco Central captó quince mil millones de pesos en el mes de marzo, y la tasa de inflación de ese mes fue de apenas 2.34%.

Sin embargo, la tasa de cambio, como efecto del nerviosismo y la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno de Hipólito Mejía, llegó a dispararse a más del 50 por uno, mientras las autoridades del Banco Central hacían ingentes esfuerzos en su política de venta de certificados al público.

La colocación de estos instrumentos continuó y al finalizar el mes de julio los valores en circulación del Banco Central, (certificados en poder del público) alcanzaron la suma de noventa mil millones de pesos, mientras el financiamiento interno era de 110,600 millones, para una brecha de poco más de veinte mil millones.

A partir del mes de julio la tasa de cambio del dólar inició un camino de descenso.