La búsqueda de soluciones a problemas sociales que tengan como epicentro a la vivienda tendrá que ir siempre más allá de proveer papeles que certifiquen derechos de propiedad para guarecerse.

Muy frecuentemente se puede «reinar» como dueño en contextos de inseguridad para alimentarse y protegerse de inclemencias climáticas, en amontonamientos vecinales insalubres atravesados por callejuelas derruidas y escarpadas y bajo asechanza de la delincuencia.

Destacar que en el país se carece de un millón y medio de casas para alojar familias en condiciones favorables remite a la preocupación de que las fórmulas que se aplican para superar carencias no llevan al avance de realizaciones que ameritan ciudades como Santo Domingo y Santiago, entre otras, con notable presencia de suburbios de «alta tasa de pobreza general» y extrema y en bolsones de marginación dentro de sus límites y hasta en cercanías a los afamados y lustrosos «polígonos centrales».

Desde más de una altura urbana, incluyendo las torres residenciales próximas a bordes citadinos y barriadas deprimidas, se podrían ver hasta donde la vista alcanza extensiones territoriales congestionadas por moradas precarias, colocadas sin orden, o en exceso de densidad poblacional, levantadas con materiales inapropiados al margen de normas y sin reservar trechos para la fluidez vial.

«Foro Ciudadano» y su Ciudad Alternativa, perteneciente al concierto de entidades que a nivel mundial detectan crisis de asentamientos humanos para proponer soluciones, critican que el presidente Luis Abinader inaugurara su mandato prometiendo la entrega en el cuatrienio de 300 mil títulos de propiedad a familias marginadas, tratándose de una meta inalcanzable al ritmo que lleva lo anunciado con bombos y platillos.

La organización defensora del derecho a habitar lugares de manera apropiada y en armonía con entornos, descarta que tras haber entregado solo 25,175 de tales documentos en su primer año y medio, la actual gestión pueda llegar siquiera a una cuarta parte de lo proyectado.

Extraña «prioridad»

La estrategia en pie -a juicio de Ciudad Alternativa – descansa demasiado en el crédito hipotecario y en los subsidios para «bancarizar» la construcción de casas como si «el objetivo fuera fortalecer el sector financiero y no cumplir con el derecho a la vivienda».

Menos si quienes abundan en República Dominicana son habitantes integrados al menos en 900 mil familias con ingresos mensuales menores a tres mil pesos que las incapacita radicalmente para convertirse en beneficiarias de créditos formales.

En su reciente diagnóstico a las ejecutorias oficiales para mejorar la calidad de vida de los dominicanos desde sus propios hábitats, la ONG recordó que al ascender el gobernante se comprometió a desarrollar un plan de reparación y construcción de viviendas y en el lapso de unos doce meses «apenas se reportaron 35 viviendas nuevas y 38 mejoradas».

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Si bien los entes de Estado con recursos para cubrir necesidades de alojamiento reconocen en líneas generales que toda vivienda debe proteger de las inclemencias climáticas y brindar seguridad y salubridad a sus ocupantes, en la práctica se aplica un criterio que parece estar de espaldas a la importancia de los inmuebles destinados a la familia y a las prioridades económicas y sociales de sus miembros.

En Argentina -para poner un ejemplo latinoamericano actualizado- las autoridades se rigen por la norma de que cada techo patrocinado por el Estado debe brindar privacidad, espacios adecuados, seguridad de tenencia, seguridad física y pleno acceso a los servicios propios de las infraestructuras urbanas convencionales.

Precisión de Objetivos

En el marco del Sistema Nacional de Vivienda, que comprende a organismos públicos, los objetivos están definidos aunque permanezcan en teoría: reducir el déficit habitacional, impulsar la producción social del hábitat, elevar la calidad de vida de las familias asentadas, ampliar la oferta de viviendas sociales, reformar la ley que regula los derechos de quienes habitan condominios y poner reglas al mercado inmobiliario.

Una retórica que además echa a un lado el restringido criterio que ha llevado a la mera repartición de solares y techos y que reconoce que debe ponerse énfasis en facilitar el acceso de los beneficiarios a distintas formas de seguridad jurídica para la garantía de tenencias de viviendas y suelos.

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Una meta prioritaria propuesta por el Foro Ciudadano indica que para el combate al déficit habitacional es igual de importante fomentar construcciones nuevas como mejorar masivamente las viviendas existentes al tiempo de facilitar el acceso a las moradas para que toda familia o persona individual pueda acceder y disfrutar de alojamientos dignos y adecuados.

Claridad de la Cepal

Al enfocarse regionalmente en el déficit habitacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se pronunció contra la tendencia a creer que solo se trata de falta de techos y reclamó poner atención al conjunto de carencias o precariedad de los hogares y sus entornos.

El organismo multilateral calcula que cerca de 200 millones de familias en el mundo carecen de casas y 1,500 millones más residen bajo techos inhabitables o indignos en condiciones de hacinamiento y promiscuidad y un elevado porcentaje está privado de agua por tuberías y conexión a los alcantarillados.

Sobre el problema que a profundidad se manifiesta cuando la calidad de la vivienda es mala y prima la estrechez, el programa ONU-Hábitat de las Naciones Unidas señala como consecuencia el que las familias se sientan sometidas a niveles de presión y estrés que conducen a la violencia doméstica.

A fin de resolver la crisis habitacional el programa recomienda: estimular la venta de terrenos, reducir precios de las edificaciones, mejorar el mantenimiento de las estructuras construidas, dar más acceso a financiamientos a personas interesadas en adquirir inmuebles y desarrollar estrategias para lograr los objetivos.

La ONE y algo más

El órgano por excelencia para las mediciones poblacionales (Oficina Nacional de Estadística) confirmó en algún momento que el déficit habitacional ha sido un fenómeno de considerable magnitud en el país en el cual percibe dos dimensiones.

A nivel nacional se presenta directamente la necesidad de construir un mayor números viviendas para núcleos familiares y en más alta medida enfrentar las pésimas condiciones que presentan domicilios (generalmente ocupados por «legítimos propietarios») sobre todo en muy dispersas zonas rurales.

En calidad de empadronadora, la ONE recorrió el país comprobando que lo más inmediato a atender en términos habitacionales es reconstruir y mejorar los alojamientos usando materiales de calidad y superando «la falta de acceso a servicios básicos; componentes fundamentales de una vivienda considerada adecuada».

La falta específica de viviendas nuevas agrava la situación en el país de muchas familias pobres, y generalmente alojadas en casas deficientes, en las cuales prolongan su permanencia los hijos de ambos sexos que se casan o unen maritalmente por no tener a donde irse a vivir.