Predomina visiblemente en entes políticos y representaciones de sectores nacionales y observadores internacionales la convicción de que las pasadas elecciones permitieron con presencia mayoritaria de votantes captar la expresión de la voluntad popular a pesar de cierto discurrir vergonzoso de compradores de votos y cédulas en entornos de los colegios electorales. A partir de esa percepción generalizada, lo que el país merecería del expresidente Leonel Fernández, que taxativamente pareció decir lo contrario, es que procediera como alguna vez anunció su partido a instrumentar documentadamente los supuestos poderosos motivos que le llevaron a descalificar en un artículo periodístico sin apoyarse en algún grueso expediente de certificación jurídica para la apropiada sustentación de graves acusaciones. Estas debieron ir antes a lo contencioso pasando por instancias obligatorias para estos casos.

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Atribuir un triunfo electoral exclusivamente a supuestas magistrales manipulaciones de poder y al uso de recursos públicos para vencer rivales obliga al aporte de elementos de juicio como fundamentos a incriminaciones que son de agravio y descalificación no solo para los resultados electorales y sus beneficiarios; también para quienes rigieron la campaña y las votaciones embarcados en un largo y transparente proceso organizativo de absoluta confianza y para millones de dominicanos que con civismo acudieron a las urnas. Una mayoría suficiente que al concurrir a las mesas expresó confianza en la democracia dominicana para así legitimar contundentemente el escrutinio con más madurez que algunos de sus líderes y sin parecer estúpidos borregos que se dejaban manipular.