Heriberto Morrison 
Asumiendo el concepto deporte a partir de sus tendencias más modernas, procede evaluar el desarrollo de esta manifestación en el país. Consagrado en nuestra Carta Magna desde el año 2010 como un derecho de toda la población, se impone prestar la mayor atención a las políticas públicas implementadas en procura de un real avance en los diversos niveles. No se puede negar que el deporte doméstico ha tenido una verdadera existencia, presencia y proyección en los últimos años, pero todavía no ha escalado el esperado peldaño conforme a nuestro reconocido fenotipo y potencial.
La actual gestión de la cartera deportiva ha impulsado innovadoras iniciativas al través de su Plan Estratégico Institucional. Los positivos resultados en un lapso de más de un año de labores han propiciado un alto nivel de valoración y un notable indicador de impacto en la población. La clave ha sido la transparencia en el manejo de los recursos y una política de puertas abiertas a los operadores y usuarios del sistema.
Si bien hubo un modesto incremento de la partida del organismo en el Presupuesto General del Estado para el cursante año, que por primera vez se aproxima a los 3 mil millones de pesos, todavía se mantiene por debajo del 1% del PIB. Se aspira a una asignación en ascenso gradual en los años subsiguientes para poder afrontar las crecientes demandas de las diversas vertientes. Un aspecto a ser tomado en cuenta para incrementar los recursos financieros sería procurar otras fuentes complementarias. Nos referimos a los gravámenes a loterías, juegos de azar, juegos de vaticinios, bancas de apuestas, cigarrillos, consumo de cervezas y licores. Una buena parte de tales recursos son asignados a las actividades deportivas en varios países del área como Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Argentina, entre otros.
Las fuentes consignadas en el artículo 33 de la desfasada Ley General de Deportes, No.356-05, representan aportes muy limitados por el uso de instalaciones deportivas, lidias de gallos o convenios de asistencia, entre otros. La principal partida extra presupuestaria era por vía de las bancas de apuestas, la cual le fue retirada al MIDEREC con la modificación del Artículo 4 de la Ley No. 80-99 del 24 de junio de 2011, pasando el control a la DGII. A la agencia deportiva le correspondía un 40% del monto total.
En las sociedades desarrolladas el orden político trata de beneficiarse de los éxitos de la vertiente competitiva espectacular, lo que ha conducido a una auténtica inflación del nacionalismo/localismo en base al deporte, lo que no impide por otro lado que los representantes del orden político se esfuercen por atender las necesidades de participación social del deporte popular y recreativo que demandan los numerosos ciudadanos durante su tiempo libre (García Ferrando).
En un país tercermundista como el nuestro, pero con claras influencias de las naciones del primer mundo, habrá que insistir en un mayor equilibrio entre las diversas vertientes del deporte. En nuestro sistema el deporte federado de competición es la estructura que recibe los mayores recursos públicos, y además cuenta con respaldo de una parte del sector empresarial (CRESO) y del programa Solidaridad Olímpica. El olimpismo criollo ha concertado una sólida alianza con MIDEREC, en base a la iniciativa del titular Danilo Díaz, por superar pasadas desavenencias.
El hecho más trascendente ha sido el convenio firmado en octubre pasado entre los ministerios de Deportes y de Educación, en pos de un nuevo modelo deportivo en el país, sustentado en el deporte escolar, que ha sido la vía más idónea para medir el nivel de desarrollo de una nación.
Otra plausible decisión ha sido la ampliación a partir de este año, de acuerdos con más de 140 gobiernos municipales, para la realización de un programa del deporte popular con fines de salud y bienestar. Es tiempo de que el deporte se aboque a un auténtico proceso de desarrollo integral, bajo el amparo de las políticas más avanzadas.
