La sociedad dominicana está haciendo uso de su derecho a la participación; demanda información, respuestas, en ocasiones protesta de forma airada y como vengativa  alterando su propio orden sin medir consecuencias. Estas acciones las realizan distintas clases sociales, por distintas vías y formas, utilizando diversas herramientas. Eso está bien en el ejercicio de la democracia.

Lo que no luce bien es que ese ejercicio asuma una forma irracional en el uso del  derecho a la participación, porque se convierte en abuso de ese derecho. Y salen las aberraciones, el interés particular y grupal, desnaturalizando un propósito que a no ser por ciertas conductas, pudiera ser colectivo y como tal, sentirnos todos comprometidos para lograrlo. Da pena!, porque se han construido importantes espacios de participación pero se van cerrando conforme se van desvirtuando y la gente quiere, pero no se atreve a participar porque su derecho se pinta de colores distintos a los de la insignia tricolor.

Entonces, es llevada a “participar” sin  intima convicción; de ahí que con  este tipo de participación se pisotee la conciencia ciudadana  arrastrada sin desmedro. En un contexto democrático y de equidad se garantiza la legitimidad del Estado. ¿Y la sociedad? ¿Se legitima a la luz de su participación inducida? Es cuestión de reconocer y cumplir deberes de ciudadanía para exigir derechos de ciudadanos.

Cuando se presentan argumentos serios, basados en posiciones no en poses, se obtienen respuestas institucionales serias y se contribuye con  el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad, entendida esta última en su más amplio sentido.

Participar es un derecho ciudadano;  contribuir con  la participación social, como los entes sociales que eligen a las autoridades es un deber, pero ha de ser como ciudadanos conscientes, creando y aprovechando espacios de participación. La participación debe desearse no inducirse. Quien  participa debe de tener credibilidad como ente social y no surgir de la noche a la mañana impulsado por determinada coyuntura.

La participación en el nivel que corresponda, es esencial para el desarrollo integral de cualquier nación, para ello es igualmente esencial el libre acceso a la información como derecho ciudadano. Pero ambos derechos deben disfrutarse en el marco del cumplimiento de deberes. De lo que deriva que, para exigir el derecho a participar y a acceder a determinada información pública,  debe  reconocerse  el deber de ser honesto al menos en los propósitos que llevan a participar y a requerir tal información.

Cuando la participación y el acceso a la información son inducidos por interés alguno, a los ciudadanos se les manipula. A las instituciones también. En nuestro país avanza un proceso muy interesante de participación pública y social a veces desnaturalizado por  intereses malsanos que procuran dañar honras y cerrar caminos luminosos hacia el futuro, sobre todo en el ámbito político y económico. Esos intereses están cambiando de constitucional a coyuntural,  el carácter de la participación  como derecho. Detenerlos, depende del nivel de conciencia y compromiso de  los  propios  ciudadanos con la Patria.