El recién pasado 7 de julio, el presidente Leonel Fernández Reyna inauguró el Recinto Universitario Regional Suroeste, construido a un costo superior a los 2 mil millones de pesos por la Oficina de Ingenieros Supervisores  de Obras del Estado. El sábado 23 de julio en este  prestigioso medio el Profesor  Jesús de la Rosa escribió un artículo elogiando la calidad de esa importante obra.

En  su artículo el Profesor expresó que: “no finaliza la batalla contra la ignorancia y la incultura que vienen librando los catedráticos e intelectuales   oriundos de esa región, y los que,  por circunstancias de la vida, estamos ligados a ella; aún nos queda pendiente el gran desafío de aprovechar y de mantener en óptimas condiciones un majestuoso recinto universitario situado en una de las regiones más empobrecidas del país”

En el referido artículo, el autor habla además de la calidad de sus edificaciones y la superioridad del Recinto frente a otros, no sólo del país, sino de la región.  Es conocida la trayectoria de apego a la defensa de los derechos ciudadanos y políticos del profesor  De la Rosa y, en ese sentido, mucho le serviría que conociese algunos antecedentes sobre el terreno donde se ha construido tan importante obra de infraestructura para la educación, cuyos legítimos propietarios son los Sucs. Manuel Sadi Lamarche.

En tal sentido, para que se haga justicia, me permito hacer expresar los siguiente: el   21 de marzo del 2005 el presidente  Leonel Fernández emitió el decreto 162-05 mediante el cual declaraba de utilidad pública 26,094 M2 dentro de la parcela No. 26-B del DC No. 14/1ra, amparados por el certificado de Título No. 3206, invocando la Ley No. 344 que establece un procedimiento especial  para la expropiación de terrenos privados. Frente a esa circunstancia,  los  propietarios hemos reclamados nuestra condición de propietarios acogiéndonos  a los  procedimientos legales.

Nuestro reclamo ha sido conocido por las instancias correspondientes y en todas se reconoció la justeza del mismo. Sin embargo,  desde el 14 de julio del 2006 hasta el día de hoy el oficio 001310 que acompaña el  expediente reposa en el Ministerio de Hacienda,  en espera de que se realice el pago correspondiente.

¿Cómo honrar la  palabra educar  sin haber pagado parte de  los terrenos  en los que,  irrespetando el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, se ha construido este Recinto?  ¿Cómo formar ingenieros, desde las aulas de una obra en cuyo presupuesto no se incluyó el costo del  terreno donde éste se construyó?

Son preguntas que deben responderse, y hasta que no sean debidamente respondidas   seguiremos exigiendo que se nos reconozcan nuestros derechos, para que cuando en el país se diga que vivimos en Estado de Derecho nadie pueda replicar que eso es simple retórica.