El Derecho como activo

 El Derecho como activo

EDUARDO JORGE PRATS
Quienes todavía piensan que en una economía de mercado la “mano invisible” de Adam Smith cura todas las distorsiones que el mercado produce y que las únicas leyes válidas en el capitalismo son la de la oferta y la demanda o la de que a mayor riesgo mayor rentabilidad, no le es posible entender el valiosísimo rol que ayer, hoy y siempre juega la regulación económica y el sistema jurídico.

Esta miopía que aqueja tanto a los economistas que entienden que es posible alcanzar el desarrollo económico a decretazo presidencial limpio como a aquellos políticos para quienes la Constitución y las leyes son simples estorbos que dificultan la actividad empresarial impide aprehender, en su justa dimensión, la función del Derecho en las sociedades contemporáneas y, en especial, en el desarrollo económico. Ya lo afirma Alain Minc:

“El derecho se ha convertido en el garante de la contienda y de la competencia. Junto con el mercado, constituye el anverso y el reverso de una misma realidad: la sociedad se civiliza más cuanto más indisociables aparezcan estas dos fuerzas. El mercado, sin el derecho, es la jungla: basta ir a Rusia para descubrir este estado primitivo. La regla, sin el mercado, es la inmovilidad: el recuerdo de la desaparecida Unión Soviética basta como testimonio. Ahora, en los países más evolucionados, uno y otro avanzan casi al mismo paso: naturalmente, el mercado lleva un cuerpo de ventaja, pero el derecho siempre consigue alcanzarlo, menos por la ley, siempre lenta, pomposa y difícil de aplicar, que por la jurisprudencia (…) En nuestras sociedades más evolucionadas, el mercado va de la mano del individualismo y éste de la responsabilidad personal, lo cual hace que el juez sea el garante del buen funcionamiento del sistema”.

Es la posesión de un sistema jurídico adecuado, de una Administración pública sometida al Derecho y al control de los tribunales, y de una tradición de reclamo de los particulares al Estado en los más diversos ámbitos (impuestos, urbanismo, seguridad social, etc.), lo que explica la transición a la democracia de la España de Franco y el boom económico de un país que, siendo uno de los más atrasados de Europa y sin contar con el espíritu protestante promotor según Max Weber del capitalismo, hoy pertenece al exclusivo club de la Unión Europea. Y es lo que, del mismo modo, explica el milagro económico de Chile.

Rusia, y gran parte de Latinoamérica, es el contraejemplo que confirma la función esencial de la regulación y el Derecho en el desarrollo. Cuando el capitalismo “se despliega sin código de comercio, sin código civil, sin reglas de urbanismo, sin una policía a las órdenes de la justicia, sin una justicia al servicio del derecho, se asemeja al juego más brutal de las relaciones de las fuerzas, en el que la mafia ocupa el lugar de la clase dominante y la ‘cleptocracia’ -el gobierno de los ladrones- sustituye a la tecnocracia”. Hoy, el Derecho no es un lujo de los países desarrollados, sino que es un imperativo derivado de la mera exigencia de eficiencia.

Es por todo lo anterior que nuestra propuesta como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) se centra en la adopción de una Ley de Procedimiento Administrativo que sometería el Estado al ordenamiento jurídico, formalizando legalmente la acción administrativa, confiriendo al ciudadano vías expeditas de acceso a los tribunales para garantía de sus derechos frente a la Administración y organizando una jurisdicción contencioso-administrativa bajo la sombrilla de la Suprema Corte de Justicia que haría realmente efectivo el control judicial de la actuación del Estado.

Esta ley es vital no sólo para plasmar el Estado de Derecho sino, además, para dar seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, con lo que se logra la necesaria certidumbre institucional que nos permitiría competir exitosamente como nación en mercados crecientemente globalizados. Someter a Derecho al Estado no es cosa de abogados ni de soñadores sino que es quizás la tarea más importante que debemos emprender los dominicanos para podernos encaminar por los senderos del anhelado desarrollo sostenido y sostenible que quiere y se merece la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

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