En la mitad de la década de los años 50 del siglo XX, se radiaba por la mañana la novela El derecho de nacer, escrita por el escritor cubano Félix B. Caignet, que concitaba a las mujeres a escucharla con una toalla en las piernas para secar el raudal de lágrimas de un drama epidérmico para sensibilizar a los ¿incautos? o, eso mismo.

Hoy, la cuestión del derecho de nacer no se trata de un culebrón radial o televisivo, de los muchos que nutren la estupidez pueblerina siempre a flor de piel, sino de fijar una posición jurídica en relación a la determinación personal de rechazar ciertos tipos de embarazos no deseados, estupro, incesto y mal formación, tres apelativos válidos para mujeres en gestación.

Cierto que el derecho a la vida es un apelativo sui generis, básico, en todas la sociedades desde el alba mismo de la humanidad, reforzado por los derechos humanos surgidos asentados en la revolución francesa de 1793, las libertades individuales, precedidos por la Constitución de Filadelfia de 1777 que preconiza aquello de que “todos nacemos iguales ante Dios Todopoderoso”, una mentira que negaba la esclavitud, ejercida inclusive por los llamados “Padres Fundadores”, empezando por el general George Washington, que disponía una camada de esclavos en su villa de Monticello.

Empero, de lo que se trata hoy, ahora, aquí, en RD y en todo el mundo, es del derecho de cada mujer decidir, por circunstancias ajenas a su voluntad, expuestas, si interrumpe o completa su ciclo reproductor de una criatura gestada en su vientre.

Un estupro infestado de VIH, incesto de padre, violación por un hermano y varias tragedias asociadas, deben facultar a una mujer interrumpir, por ley, un embarazo indeseado, que las circunstancias, no su decisión, le forzaron concebir.