El desafío agropecuario

El desafío agropecuario

POR MANUEL A. FERMIN
En el encuentro del sector agropecuario organizado entre la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, con el presidente electo, doctor Leonel Fernández, después de escuchar pacientemente las ponencias por subsectores debemos colegir que ninguno de ellos escapa al abatimiento que le ha ocasionado la crisis económica a los productores de la nación.

Del primero al último de los expositores, pero sin caer en las plegarias de Job ni en las lamentaciones de Jeremías, aunque puestos a pruebas durísimas, con mucha paciencia han aceptado la tristísima realidad de verse en el dolorosísimo cuadro de estar «quebrados trabajando». Todos coincidieron en señalar las descalabrantes devaluaciones, la profunda recesión, la abismal deuda pública que condiciona la capacidad fiscal, el crecimiento de las tasas de interés tan desestimulantes, el precio de los combustibles, de la energía, de los agroinsumos, etc., factores sin lugar a dudas que conducen a retos inasumibles.

El doctor Fernández Reyna, con la obligada e instintiva reacción de todo ciudadano importante y en su condición de Presidente Electo, rápidamente fue al grano: «al sector hay que enfrentarle sus males con una visión de conjunto». Altamente dotado, es consciente de que la agropecuaria y su adecuación a los requerimientos del proceso de acumulación nacional solo es lograble y sostenible gracias a la propia valoración que le dá el productor privado, para quienes hizo elogios de su nivel de desarrollo para que en el nuevo marco competencial, junto al Estado, se lancen en la búsqueda de un nuevo enfoque, enfoque multifuncional que enfrente el reto de disminuir la pobreza, la degradación de los recursos naturales derivados de estas condiciones y satisfacer la demanda en la producción para una sociedad que reclama mayores niveles de calidad e inocuidad de los alimentos. Hay que repensar un nueva esquema, claro, sin el Estado abandonar su papel promotor, facilitador, y es que se necesita del gestor público catalizador de acciones, dispuesto a mejorar rendimientos, a preservar la diversidad y cuidar de la generación de riquezas agroalimentarias. Aquí hizo énfasis, el doctor Fernández, de la importancia para el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural la obligatoriedad de sostener sobre el logro combinado de la competencia, la equidad y la sustentabilidad en un ambiente caracterizado por la globalización y el nuevo modelo de apertura e integración. Reconoció que las débiles ventajas económica que ofrece la inversión en la agropecuaria, requiere de adecuadas políticas de asistencia técnica, construcción y mejoramiento de la infraestructura, que muchas veces no son acciones específicas pero que van orientadas en su mayor parte a mejorar el ambiente rural. Esta fué de sus promesas, conociendo de la volatilidad en los ingresos agrícolas, la contribución del Estado, que quiérase o no, siempre será mínima con respecto al aporte histórico de este sector.

Pero el Presidente Electo, hombre de clara inteligencia y de alto entrenamiento económico, rápidamente supeditó el abordamiento del impacto de las diversas políticas sobre el sector agropecuario dominicano al análisis de dos tipos de problemáticas: las políticas macroeconómicas que fijan las relaciones entre el desarrollo sectorial agropecuario y el resto de la economía y las políticas específicas hacia la agricultura. Sin la estabilidad macroeconómica habría una fuerte caída en la producción, porque desciende el nivel tecnológico perjudicando la competitividad y los techos productivos de los renglones básicos. Para nadie es un secreto el sesgo antiagrario de estas políticas que tendrán que ser corregidas si queremos que la República Dominicana pueda ser capaz de mantener en el futuro un crecimiento económico sostenido.

El nuevo gobierno debe aportar el ritmo, la cobertura y la profundidad para adoptar y ejecutar políticas que creen las bases institucionales y jurídicas para la consolidación y movilización rural.

Las medidas compensatorias del Estado serán lo que realmente definirá si hay una visión renovada de la agricultura y una estrategia de acción más adecuada para todos los agentes que participan. Las instituciones relacionadas deben servir como espacio de apoyo y confianza de las fuerzas productivas a sabiendas de que el compromiso debe ser compartido pero serio, sin demagogia, con una concepción clara de su enfoque dinámico, interdisciplinario, multidimensional y con la construcción conjunta de un futuro seguro eliminando las prácticas que lo distorsionan.

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