La Fundación Progeso, Salud y Seguridad Social considera que la inclusión al Sistema de Seguridad Social, del 23 por ciento de la población faltante en los regímenes subsidiado y contributivo, es el primer y mayor desafío que ha de ser abordado por las autoridades durante el próximo año 2020.
Resalta que la exclusión de estos ciudadanos al régimen subsidiado constituye el pecado capital en la aplicación del modelo concebido en 2001 en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el país.

Enfatiza que ese modelo es considerado un salto cualitativo de gran trascendencia para asegurar la mayor protección social a todos los dominicanos, la cual está dotada de instrumentos fundamentales para la convivencia humana y para la paz social. Además contribuye al fortalecimiento de los esfuerzos orientados a combatir la pobreza y crear mayores oportunidades de bienestar en favor de los grupos sociales más postergados.

Indica la entidad que en lo que se refiere al artículo tres, en el que se especifican los principios rectores de la Seguridad Social, inicia precisamente con la universalidad, planteando que el SDSS “debería proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica”.

En este sentido, la fundación sostiene, por tanto, que es imperativo e impostergable, pues el cumplimiento cabal de la Ley 87-07.

“También debemos plantearnos las condiciones que han de ser previstas a los ciudadanos en los distintos regímenes. Es que la diferencia de capitación entre el régimen subsidiado y el contributivo plantea una discriminación implícita entre los dominicanos, lo que a la vez es una violación al derecho de igualdad”, añade.

Sustenta, además, que esta desigualdad en la capitación tiende a establecer diferencias materiales que limitan el acceso a la salud por parte de aquellos afiliados al régimen subsidiado. Recuerda como ejemplo, en otra ocasión en que citó que indicadores de salud fundamentales como son las tasas de mortalidad infantil y materna son sustancialmente inferiores en el régimen contributivo frente al subsidiado.

Cita, asimismo, el caso de la mortalidad infantil en la que se tiene una tasa de 8 muertos por cada 1000 nacidos vivos en los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud en el ámbito privado, todos en el régimen contributivo, frente a 22 a por cada mil nacimientos que presenta la media nacional.

“ En el caso de las muertes maternas el resultado es el mismo: 41 por cada 100 mil en las ARS privadas y una media nacional de 90.

Expone la Fundación Progreso, Salud y Seguridad Social que estos indicadores son una señal clara de cuál es el camino que se debe seguir, más allá de las apreciaciones ideológicas.

Argumenta, asimismo, que el régimen de coparticipación público –privada que define la Ley 87-01 es más eficiente en la prestación del servicio de salud que aquel en el que toda la intervención recae en el Estado.