La opinión pública estadounidense no se recupera de la sorpresa causada por el llamamiento del multimillonario Warren Buffett a aumentar los impuestos a los más ricos. “Mis amigos y yo hemos sido bastante mimados por un Congreso amigable con los multimillonarios.

Es hora de que el Gobierno [de los Estados Unidos] hable en serio y haga sacrificios compartidos”, dijo el célebre empresario, en un artículo publicado en el periódico “The New York Times”, el lunes 15 de agosto.

Por su parte, influidos por la posición pública de Buffett, un grupo de 16 grandes fortunas francesas publicaron en el semanario “Nouvel Observateur” del martes 23 de agosto un comunicado en que el proponen una contribución fiscal excepcional para los más ricos como ayuda para hacer cara a la crisis que afecta a Francia y al resto de Europa. El grupo, formado, entre otros, por Liliane Betancourt (accionista mayoritaria del consorcio cosmético L’Oreal), Stephane Richard (director general de France Telecom) y Philippe Varin (presidente de Peugeot-Citroen), expresa en su comunicado que “somos conscientes de habernos beneficiado plenamente de un modelo francés y de un entorno europeo a los que estamos vinculados y que deseamos seguir preservando” y dado que, ante la crisis y el déficit en las finanzas públicas, “el Gobierno pide a todos un esfuerzo de solidaridad, nos parece necesario contribuir”.

Actitudes semejantes serían impensables en la República Dominicana. Ello así no por carecer de una cultura empresarial de filantropía y responsabilidad social, de la cual pueden dar cuenta los cientos de millones de pesos en donaciones de las grandes fortunas y consorcios empresariales del país, sino por un hecho muy sencillo: pequeños, medianos y grandes contribuyentes del fisco dominicano, como bien revela el Informe Attali, no consideran al Estado dominicano un modelo de virtud cívica en donde “los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos para la sociedad dominicana”.

Y, sin embargo, hay una realidad incuestionable que revela el referido Informe: “de todos los Estados latinoamericanos, la República Dominicana es uno de los países donde la presión fiscal es más reducida”, con una presión de un 15%, cuando, según Banco Mundial, se requeriría una tasa del 24% para poder implementar las políticas sociales necesarias. En este sentido, nuestra presión fiscal está por debajo de Jamaica, Bolivia, Costa Rica, por compararnos con países de PIB cercano al nuestro, y cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de América Latina y el Caribe, que es un 19.8%. Esta presión descansa fundamentalmente sobre impuestos indirectos, aunque, hay que aclarar, que la misma no incluye cargas parafiscales como las de la seguridad social, la energía eléctrica, el transporte y la seguridad privada, por solo citar algunas.

Lo paradójico es que la ciudadanía reclama mayor inversión en educación, salud y seguridad social y es obvio que, más allá de cualquier redistribución del gasto público, a menos que se quiera aumentar los niveles de deuda pública, los cuales son también ferozmente criticados por la opinión pública, la única opción viable es el aumento de la presión tributaria. Por eso, la cuestión es no si debe o no debe haber reforma fiscal integral sino qué tipo de reforma queremos. La clave radicará en ampliar las bases de la tributación, hacer más eficiente la recaudación tributaria, crear una cultura de pago, mejorar la calidad del gasto público, aumentar el deducible a la ganancia neta de las donaciones a obras sociales, hacer realidad la rendición de cuentas de funcionarios y Estado y fomentar vía los impuestos el ahorro, la producción, la exportación, la competitividad, la generación de empleos y el capitalismo popular de las pequeñas empresas.

Pero, con o sin reforma, en algo sí hay que estar claros: solo si todos los ciudadanos pagamos impuestos, puntualmente y conforme nuestra capacidad económica, nos dolerá la cosa pública lo suficiente como para que nos rebelemos contra el Estado clientelar. Podríamos invertir el lema del “no taxation without representation” y decir que no hay real representación política allí donde los representados no contribuyen solidariamente con el Estado.  En fin, sin impuestos no solo no hay Estado Social sino tampoco democracia.