La DGII se ha marcado como meta la lucha contra el fraude fiscal. Y está dando resultados, lo sugieren datos publicados hasta octubre, la recaudación se proyecta incluso sobre el monto estimado en el presupuesto 2017, lo que no se logra desde hace años.
El margen para cobrar es amplio, así lo indican estudios locales y de Organismos Internacionales. El más reciente, probablemente el de Cepal del pasado año, fue citado por Magín Díaz en el almuerzo con los empresarios de Herrera, da cuenta de que del potencial de recaudación el fraude del ITBIS es de 42.9% y más de 60% el del Impuesto Sobre la Renta. Es mucho, lo demuestra que en el primero el país es el de mayor evasión, más de dos veces la media Latinoamericana (20%), en el segundo superamos la Región (54.2%).
¿Cuánto, por ambos impuestos, se pierde anualmente? Es difícil llegar al número, aunque es posible aproximarlo partiendo de los indicadores citados. Calculo que en 2016 la recaudación que se filtró por el sumidero ascendió a RD$115,688 millones, un 3.5% del PIB.
Sin duda un número que marea a cualquiera y con el que hago las siguientes reflexiones. Si todos los contribuyentes pagaran religiosamente los impuestos, lo que implicaría reducir a cero el fraude fiscal-no conozco ningún país que presente esa ficción-de un plumazo podría eliminarse el déficit fiscal y sobraría dinero. Y si los pesos se usan en el Ministerio de Salud Pública, su presupuesto aumentaría a 5% del PIB, cerca de la media latinoamericana. Un verdadero salto cuantitativo, el de este año es un 2% del PIB y se queda igual en 2018 con RD$78,381.4 millones, de los cuales más dos tercios para remuneraciones, contrataciones de servicios, materiales y transferencias corrientes.
Si el fraude fiscal se redujera en cincuenta por cierto y los RD$58 mil millones recuperados se destinan a financiar la brecha fiscal, esta se reduciría a RD$25,237.7 millones, en lugar de (RD$83,237.7 millones) 2.2% del PIB estimado para 2018. En cambio, si los fondos se usaran en el Ministerio de Salud Pública, su presupuesto aumentaría de 2% a 3.5% del PIB, suficiente para atender los actuales reclamos de médicos, enfermeras y pacientes.
Por los desequilibrios que resolvería, porque el fraude fiscal es injusto para los negocios que cumplen con sus obligaciones y no pueden competir con las que evaden, y para los consumidores que trabajan duro y pagan sus impuestos, es necesario mantener un fuerte apoyo a la persecución de la deuda tributaria pendiente de cobro.
Y de manera particular a lo que planteó el Director de la oficina recaudadora, que ha redoblado sus esfuerzos y da seguimiento a mecanismos de fraude, como fabricación y comercialización clandestina de productos, con el número de comprobante fiscal y a accionistas ricos que forman parte de empresas pobres.
Con la efectividad del trabajo el fraude tiende a ser cada vez menor, pudiendo evitar que la sangría en la recaudación de impuestos genere el efecto pernicioso-como ha sucedido en el pasado-de subida de tasas impositivas, que perjudique a los consumidores, principalmente pobres y muy pobres.
Debe entenderse, sin embargo, que reducir el fraude a la mitad será tarea de la reforma fiscal integral que se sigue posponiendo sin fecha fija.