A excepción de la aprobación de la emisión de acciones de CCI Puesto de Bolsa, la cual aún no ha sido suscrita, el mercado de valores (MV) de República Dominicana se encuentra dominado por las emisiones de títulos de deuda, cuyos principales deudores son el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Una explicación de este fenómeno es que estas entidades públicas cuentan con el MV, el cual permite incrementar la transmisibilidad y la eficacia de la implementación de las políticas monetarias. Además, la experiencia comparada muestra que los emisores públicos son los primeros catalizadores de mercados incipientes en economías emergentes, proporcionando dinamismo y profundidad. El riesgo es que el sector privado no pueda competir con las atractivas tasas de los bonos públicos.

Permitir que el ahorro presente sea destinado a inversiones que impacten en la economía y aumenten el acceso a capitales mediante una oferta diversificada y amplia es uno de los principales retos para el desarrollo del MV.

Otro objetivo consiste en incentivar la emisión de acciones. A diferencia de los bonos, en los que el pago de los intereses es obligatorio y el pago del capital prioritario; los dividendos, activos y ganancias a los que dan derecho las acciones dependen del éxito de la empresa. También el retorno del capital invertido en acciones se encuentra subordinado al pago de los bonos y otras deudas.

Por ello, a los inversionistas les preocupa minimizar los costos de transacción derivados de la asimetría de información. Es decir, que la brecha informativa entre el inversionista y el emisor sea la mínima posible. Una regulación que garantice el acceso a información relevante y oportuna, y que permita reclamar por su validez, es imprescindible para este fin.

Ese marco normativo debe incluir obligaciones de divulgación de información material, las reglas de protección a los derechos de los inversionistas, incluidos los minoritarios; reglas de gobierno corporativo, mecanismos privados de protección judicial y un marco legal sobre disolución y liquidación de empresas.

Estos requisitos guardan una estrecha vinculación con la confianza en el Estado de Derecho.

Estudios del FMI demuestran que su fortaleza está correlacionada con el nivel de desarrollo de los MV. Según las mediciones del Banco Mundial sobre el Estado de Derecho, entendido como la confianza en el cumplimiento de las reglas de la sociedad, de los contratos y el respeto a los derechos de propiedad, República Dominicana tiene un bajo índice de 36.97, frente a un 51 de la región y un 87 de los países desarrollados.

Dado este panorama, no es sorpresa que la primera empresa en atreverse a emitir acciones haya sido un intermediario financiero con regulaciones más estrictas que aquellas sobre empresas de otra índole. Claro está, aún resta por ver la reacción de los inversionistas.

De lo que no cabe duda es que el MV debe servir como un instrumento para el desarrollo, para lo cual es preciso aumentar la confianza de los inversionistas para que estos coloquen sus capitales en empresas que inviertan en proyectos que estimulen el crecimiento.