POR FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Sectores empresariales y sindicales, en un extraño maridaje, se han puesto a una para que se derogue la ley 28-01 que está destinada a estimular el desarrollo fronterizo, otorgándoles atractivos incentivos a los empresarios que dedican invertir en esa apartada zona del país, la cual necesita de una presencia más firme y militante de la dominicanidad.

Los legisladores de las provincias de la región fronteriza, comprendieron el desafío: o dejar que pacíficamente esa zona del país se viera invadida por masas de haitianos hambrientos y en búsqueda de trabajo, ya que el éxodo de los dominicanos es notable debido a la falta de oportunidades para afincarse en esa zona, y que con una masiva presencia de industrias, se podría revertir el proceso. Así, no veríamos, antes que termine este siglo XXI, a los dominicanos cediéndoles esa parte del territorio a nuestros vecinos que ya han convertido a su territorio en un desierto como lo confirman estudios realizados recientemente; ya las zonas fértiles haitianas no llegan ni a un 8% del territorio occidental de la isla.

Así, pudo surgir la ley 28-01, que estimula de forma atractiva a los empresarios a invertir en la zona, otorgándoles facilidades de exenciones impositivas, y a la vez, ofrecer más ayuda a los trabajadores de manera que la gente se sienta satisfecha de permanecer en su región y atraer a otros dominicanos, que no encuentran buenos trabajos, ya sea en la capital y sus alrededores fabriles o en el corazón del Cibao.

El que los empresarios y los sindicalistas protesten por que los diputados sacaron del perimido paquete impositivo la anulación de la ley 28-01 revela que hay un interés marcado en aislar esa zona del país, en donde se debatirá el futuro de la dominicanidad, y leyes como esa, son esenciales para ver si alguien se atreve a instalarse en esas pobres poblaciones de la frontera, que tanto necesitan del uso intensivo de mano de obra, que ahora solo se dedica a una agricultura de subsistencia, y que por lo general, la realizan como obreros, los haitianos, empleados de los patrones dominicanos o al contrabando.

La posición de los empresarios en contra de la ley podría estar basada en que aparecerían algunos desaprensivos empresarios o inversionistas que buscarían la forma de burlar los fines de la legislación y se valdrían de artimañas para recibir los factores que otorga la ley, teniendo sus puntos de ensamblaje o fabricación en otros lugares y allí solo aparecerían algunos almacenes lo cual estaría en combinación con las autoridades, pero las flamantes, que acaban de enrolarse en el tren administrativo, no se prestarían a realizar ese engaño al fisco y al país.

Los sindicatos parten de la idea que emigraría la mano de obra calificada hacia la frontera, pero tal cosa es un contrasentido ya que el alto índice de desempleo requiere que se estimule la creación de los puestos de trabajo por doquier. Si en la frontera se puede consolidar un desarrollo fabril, sería un enorme estímulo para otras actividades que deberán aplicarse en los próximos años para segurar la soberanía, y por el bien de la dominicanidad, incluso compartiendo con los haitianos que también necesitan trabajar.

El éxito de la ley 28-01 dependerá de las facilidades de transporte y de envío rápido de los productos terminados a sus destinos. Las industrias en Pedernales tendrán las facilidades del muelle de Cabo Rojo. Independencia y Bahoruco estarán favorecidas por el muelle de Barahona y el aeropuerto María Montez de la misma ciudad. En el caso de Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez tendrían a su disposición el muelle de Manzanillo, que aún cuando ahora puede dar el servicio, necesita de una mayor inversión, sin la presencia de los jeques árabes que tantos prometieron en el pasado reciente y todo fue un fiasco. Tan solo Elías Piña quedaría fuera del estimulante desarrollo industrial por su lejanía a los puertos marítimos y aéreos, pero si se reconstruye la carretera Internacional entonces tendría la oportunidad que sus productos terminados llegarían hasta Manzanillo y realizar las exportaciones por ese puerto.

La ley puede tener sus defectos en los objetivos y en la ejecución, pero la misma los cumplirían mediante el establecimiento de un reglamento bien estructurado que establezca reglas claras para que el inversionista invierta en esa zona del país y alejaría a los aventureros, que a nombre de anunciar masivas inversiones, reciben muchas facilidades de las autoridades para más luego alzarse con el santo y la limosna y no llegar a ejecutar ninguna obra que redunde en beneficio de una zona del país que necesita de mayor atención a la que ahora tiene. La no aplicación de la ley 28-01 mantendría a todos esos pueblos fronterizos, hundidos en su tradicional pobreza ancestral.