En general, los programas y propuestas políticas en tiempo de campaña electoral gozan de muy poca credibilidad en la población. Esto se debe a que una vez el candidato vencedor asume el poder, tiende a ocuparse de los imprevistos y los problemas que dejan los gobiernos salientes, agravados a última hora y que esas propuestas y programas constituyen un rosario de intenciones, casi siempre sin cronogramas ni recursos para su aplicación.

En ese sentido, más que exigirles programas a los candidatos debe exigírseles una definición frente a temas  que son cruciales para un efectivo ejercicio del poder. En primer lugar, para dar señales de transparencia y honestidad, es indispensable que los candidatos expliquen qué harían con aquellos funcionarios que exhiben una riqueza de difícil justificación, de dónde provienen y cuál es la cuantía de los recursos que invierte en su campaña, y en segundo lugar, para poder generar los recursos necesarios para producir la riqueza con dice que mejorará las condiciones de vida de la población, debe definirse sobre el tema del desarrollo local.

Desde la década de los 90, el desarrollo local se ha impuesto como nuevo modelo de desarrollo en los ámbitos de la política, del pensamiento económico, de las agencias y bancos multilaterales de cooperación.  A partir de esa década comienza una reflexión sobre la acentuación de los desequilibrios espaciales, poblacionales y de desarrollo que se identificaban en casi todos los países, independientemente de la cuantía de los recursos que se asignaban a las regiones más atrasadas.

En esencia, la conclusión es la variable clave para producir el desarrollo es la existencia de un capital social en una localidad determinada, con capacidad de identificar los recursos naturales, históricos, culturales y humanos para a través de un proceso de articulación de alianzas entre las diversas organizaciones locales, políticas y de la sociedad civil, promover las transformaciones del territorio. Por esa razón, el desarrollo económico es esencialmente una apuesta política que descansa en una capacidad de articular diversas voluntades para una transformación integral de un municipio, una provincia o una región.

Hoy día es inconcebible un desarrollo nacional concentrando la inversión en dos o tres polos del territorio nacional y sin que se piense en las particularidades, necesidades y potencialidades locales. Tampoco es posible una buena gestión de gobierno con unos gobiernos municipales que, según el informe del PNUD del 2007,  el 24% de su personal sólo tiene el nivel primario, un 8,5% es casi analfabeto, un 38% cursó o siguió la enseñanza primaria, un 29.5% dijo tener estudios universitarios, pero el salario promedio de las regiones es de 2,721 pesos.

El promedio total  de los empleados municipales es de 3,89 años y los alcaldes, vicealcaldes, vicealcaldesas y los regidores devengan un salario 20 veces mayor que los empleados de base, una distorsión salarial a la que se le suma una generalizada práctica de corrupción administrativa. En esa circunstancia, no pueden cumplirse  las promesas o acuerdos de los candidatos con comunidades y sectores productivos locales.

Por lo tanto habría que preguntarle a los candidatos cómo enfrentarían estos temas y fundamentalmente el del desarrollo local.