JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Ahora que el gobierno dominicano ha firmado un contrato para la construcción de una isla artificial que pondría pegotes de cemento frente al malecón de Santo Domingo sin que se hayan discutido los proyectos de factibilidad ni de impacto ecológico, conviene airear la auditoría efectuada por la Cámara de Cuentas a la construcción del Aeropuerto Internacional La Isabela (AILI).

Como se recordará tal obra fue iniciada en 1999 por el gobierno anterior del doctor Leonel Fernández, a través de la Secretaría de Obras Públicas que dirigía el ingeniero Diandino Peña, y desde el principio fue objetada por especialistas. El costo original informado a la prensa fue de 200 millones de pesos, luego de 300 millones.

El gobierno terminó el 16 de agosto del 2000, habiendo invertido 600 millones de pesos y aquello no estaba ni cerca de la mitad. El nuevo secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, dijo que serían 1,100 millones de pesos y terminó en 1000 millones de pesos, pero más 32 millones 233 mil 691 dólares, que a una tasa de 40 por uno, generosa al momento de su inauguración el 27 de enero del 2004, sumaba 1,289 millones 347 mil 640 pesos. En total entre pesos y dólares, lo equivalente a 2 mil 289 millones 347 mil 640 pesos, once veces lo anunciado por Diandino Peña.

Como todos sabemos, hasta el momento del dichoso aeropuerto no ha podido despegar el primer avión, y todavía no ha tenido la aprobación de las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales para ser operado.

Este verdadero desastre económico, lo es también en términos de planificación, contratación e ingeniería como demuestra la auditoría de la Cámara de Cuentas concluida en octubre pasado, copia de la cual cayó en nuestras manos recientemente. No se ha publicado ni se ha iniciado ninguna acción legal, como correspondería ante tantas violaciones a los procedimientos legales como queda especificado.

Es muy difícil resumirla en este espacio, pero por lo menos veamos los aspectos básicos, especialmente los referentes a la improvisación, a la violación de los preceptos legales e irregularidades en la ejecución:

1.- Los contratos se firmaron sin previa autorización del Poder Ejecutivo, otorgados de grado a grado y sin la aprobación del Congreso, sin ser registrados en la Contraloría General de la República, sin pólizas de seguro ni fianzas de anticipo.

2.- Un 40% de los contratistas ejecutaron trabajos sin elaborar presupuesto y sin antes haber suscrito contrato, en violación del reglamento de contratación de obras. A 12 de los 29 contratistas del proyecto se le hicieron pagos por más de 69 millones de pesos, sin previa contratación.

3.- La SEOPC hizo caso omiso de las advertencias de los especialistas sobre la cantidad de aves en la zona y las recomendaciones expresadas en el estudio de impacto ambiental realizado por el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que advertía que la obra en El Higuero tendría un impacto negativo alto.

4.- Se inició la construcción del aeropuerto sin consultar al respecto ninguno de los organismos oficiales competentes, tales como la Comisión Aeroportuaria, la Junta de Aeronáutica Civil, Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

5.- La obra se inició sin un diseño definitivo y luego se contrató a una empresa especializada en acueductos y alcantarillado para realizar un diseño aeronáutico y aeroportuario.

6.- El monto total de los trabajos en algunos contratistas alcanzó un incremento promedio del 229% del valor original contratado. Cinco de los contratos para las obras por 162 millones de pesos, fueron luego incrementados en 2l6 millones de pesos.

7.- Los 5.14 Kms. de la carretera de acceso al AILI salieron por 478 millones 560 mil 628 pesos, equivalentes al 48 por ciento del costo total de las obras de ingeniería civil del proyecto. El alto costo se atribuye en parte a que en un tramo tan corto hubo que variar el diseño en cuatro ocasiones, después de haberse iniciado sin ninguna planificación, contratos y estudios técnicos.

8.- El Estado pagó o permutó a favor del CEA y particulares 271 mil 220 metros cuadrados demás sobre los terrenos recibidos por un monto de 45 millones 22 mil 636 pesos.

Después de leer estas conclusiones, parece que es más urgente que el gobierno, no los beneficiarios del contrato de la isla artificial, explique a los gobernados la naturaleza del proyecto, las etapas, los servicios y todas sus implicaciones.

Es particularmente urgente que la secretaría de Medio Ambiente informe si se han presentado y aprobado los estudios de impacto ambiental del proyecto, que si bien implicaría unos 4560 millones de dólares de inversión, conlleva demasiado riesgos para la ciudad de Santo Domingo.