Aparte de los graves accidentes de tránsito, que están ocurriendo con frecuencia pasmosa y preocupante, el mes de septiembre nos está trayendo toda clase de escándalos develados de la corrupción de nuestros inefables políticos, tanto los oficialistas como los de la oposición.

Antes fueron los actos descarados en detrimento de los recursos públicos en entidades gubernamentales descentralizadas como el INDRHI, la CDEEE, la Lotería, o en Obras Públicas con contratos legalizados a la carrera para aparentar apego a la ley y evitar el escrutinio incisivo de Nuria y Alicia.

Ahora septiembre nos ha traído el destape de lo que se hace en realidad con el famoso barrilito congresual que para todo el mundo encajaba como una vulgar estafa del dinero público, entregado graciosamente a los legisladores para supuestamente ayudar a sus comunidades en obras sociales, pero no para repartirlos entre sus familiares y compañeritos de los pueblos, como fuera tan detallado por Alicia Ortega los pasados lunes 31 de agosto y 7 de los corrientes.

Pero el cinismo fue alegar en las alturas congresuales el desconocimiento de tales maniobras con el barrilito de los legisladores, declaración que nadie creyó y es parte de la costumbre política de querer curarse en salud cuando ya de por si están embarrados de mala manera.

Y ese embarre llegó luego con el conocimiento de cómo varios legisladores están solicitando las exoneraciones de costosos vehículos de lujo que no califican de acuerdo a la ley 57-96 que se promulgó en diciembre del 96 para supuestamente proporcionarle a los legisladores un transporte decente y de acuerdo a su rango, pero que no fuera un medio para negociar y venderlos a terceros.

Por igual, lo que se ha destapado en la CDEEE con la eliminación de las botellas con la subsiguiente hipocresía de las protestas de funcionarios peledeístas y de otros negocios paralelos, es cosa que mueve a suspicacias de todo lo que manejan los políticos oficialistas de turno, en donde lo de menos son las exigencias que se les hacen a los potenciales inversionistas que desean invertir en el país al reclamarles comisiones fabulosas para permitir que tales empresas prosperen, ya fuera en el campo industrial, turístico o en el energético.

Como una payasada definió Marien Aristy Capitán, en su columna del pasado sábado 5 en este diario, los golpes de pechos que se dan los legisladores alegando que no conocían los fines que se persiguen con la graciosa dádiva a los legisladores del dinero de los contribuyentes, que se malgasta descaradamente, ante la impotencia de un pueblo que ve  cómo sus políticos, santiguados con cargos electorales o por nombramiento del Poder Ejecutivo, hacen y deshacen frente a la nación, manteniéndola sumergida en la pobreza y en la vergüenza de un Estado altamente corrompido ante los ojos del mundo.

No hay esperanzas en un futuro cercano para los que les duele este pedazo de isla en el Caribe. La trayectoria de tantos años de vida republicana es de una corrupción rampante permanente y más ahora que los recursos públicos son más abundantes y atrae a todos los que no pueden llegar a peloteros, faranduleros, narcotraficantes, contrabandistas o empresarios evasores de impuestos.